La auditoría revela que Mercasevilla quebrará si la Junta no paga el ERE

El futuro de Mercasevilla pasa por que la Junta de Andalucía abone lo nueve millones de euros del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado en 2007 y al que se han adherido 40 trabajadores. Ésta es la conclusión más dramática que revela la auditoría de la empresa elaborada por Deloitte y que el gobierno municipal presentó ayer al consejo de administración de la empresa y a la juez que investiga presuntas irregularidades en la sociedad. El informe de Deloitte desvela también graves errores en el balance de 2008, que recoge un beneficio de 258.024 euros cuando, según la auditoría, hubo pérdidas por valor de 1.539.714 euros.

El principal agujero de las cuentas, según la auditoría, parte de un compromiso incumplido de la Junta, que acordó con la empresa sufragar parte de las primas de un seguro suscrito para hacer frente a los ERE presentados en 2005 y en 2007. Los trabajadores del primero cobraron, pero a los del segundo no se les ha pagado. La empresa les debe más de nueve millones de euros, de los que la mayor parte (9,047 millones) corresponden a la Junta.

Los responsables de la auditoría aseguran que la Junta no ha contestado a sus peticiones de información. Las cuentas de Mercasevilla contemplan esos nueve millones en sus "provisiones a corto plazo". Según Deloitte, si no se ingresan, la empresa entraría en el supuesto de "causa de disolución" previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

El consejero apoderado de Mercasevilla, Alfonso Mir (PSOE), aseguró que el Ayuntamiento negociará el pago con la Junta, pero admite que no hay garantías de éxito. "En el acuerdo figura que la Junta lo pagaría, pero no se ha hallado un documento con su firma", reveló. En su opinión, esta informalidad puede esconder "otro engaño" de los anteriores gestores de la compañía, Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados por irregularidades.

Mir se da dos meses para buscar una solución. Si la Junta no paga, el Ayuntamiento (máximo accionista de Mercasevilla) barajará ir a una ampliación de capital o a un préstamo participativo con Mercasa (segundo accionista). El edil, que descartó la quiebra de la compañía, mostró su indignación por el "engaño" de los anteriores gestores y de Price Waterhouse, autora de una auditoría que no reveló nada anormal.

El PP fue más allá y acusó a los anteriores directivos de "falsear las cuentas", en palabras de su consejero en Mercasevilla, Beltrán Pérez. Los números aportados por los populares elevan las pérdidas a cinco millones de euros, lo que sitúa a la empresa "al borde de la quiebra técnica".