Aguirre aprovecha para cuestionar la Ley del Menor

La reaparición de El Rafita, su última detención, sirvió ayer a la derecha para retomar una vieja idea: la Ley del Menor no sirve. Quieren que se modifique, que incluya penas más fuertes para casos como el de uno de los asesinos de Sandra Palo. Desde el otro lado, la oposición reclama más control desde la propia Comunidad. Y un grupo de expertos asegura que la Ley del Menor no sólo no es blanda, sino que está entre las más severas de Europa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reiteró que es necesario reformar la ley porque "algo falla". Y, de paso, eludió cualquier responsabilidad de su Gobierno sobre este caso. El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, considera que es una ley "buena en general", que permite que no vuelva a delinquir más del 80% de los menores, pero que requiere un cambio por casos como el de El Rafita. "Los menores tienen beneficios entre los 14 y 16 años que son entendibles por su poca madurez pero que, en los casos más graves, posibilitan que pasen menos tiempo en centros con medidas judiciales y al final no resultan reinsertados", según Canalda, que lo resume con una frase: "Penas excepcionales para delitos excepcionales".

También Movimiento contra la Intolerancia pide reformas. Su presidente, Esteban Ibarra, considera que medidas como la libertad vigilada sólo suponen unas citas puntuales con especialistas que no garantizan una reinserción. "El Rafita demuestra que no es eficaz", señaló ayer Ibarra, que critica que la normativa no incluya medidas educativas de reinserción para los menores de 14 años.

Por el contrario, un grupo de fiscales y expertos en derecho juvenil preparan un memorando en el que se llega a la conclusión de que la legislación penal del menor no es tan benigna como se piensa, sino que puede llegar a ser más dura que la aplicada a los mayores. Entre ellos, el fiscal del Tribunal Supremo y ex fiscal de Menores de Madrid, Félix Pantoja, que suscribe que la percepción de que la ley es blanda se debe a las constantes reformas "propiciadas por los Gobiernos de distinto signo, siempre en un sentido de endurecimiento y criminalización". Pantoja defiende que en los juzgados de menores se produce "un alto índice de intervención". A pesar de que la delincuencia de menores es inferior al 2% de la de las adultas y de mucha menor gravedad, según los datos facilitados por el ex fiscal, estos juzgados imponen sanciones penales a un número altísimo de menores.

Para la oposición el debate está en "la falta de medios por parte de la Comunidad de Madrid para la aplicación y verdadera efectividad de la Ley del Menor", según denunció ayer el PSM, que considera que el control de los menores es una competencia regional y pone un ejemplo: el Gobierno regional tiene un órgano, en alusión a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor, entre cuyas funciones está la ejecución de penas dictadas por la jurisdicción de menores.