Buenistas y malajes

Las maniobras de algunos ayuntamientos para negar la inscripción en el padrón municipal a inmigrantes extracomunitarios sin permiso de residencia y de trabajo en España (Vic ha renunciado, pero Torrejón de Ardoz persiste) se disfrazan con la respetable apariencia de un supuesto conflicto de interpretaciones jurídicas igualmente legítimas en un Estado de derecho. Sin embargo, la normativa vigente no deja espacio a los jugueteos hermenéuticos. Si el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local obliga a toda persona residente en España a inscribirse en el padrón, el artículo 6 de la Ley de Extranjería (reformada por las Cortes hace mes y medio) encomienda a los ayuntamientos la inscripción en el registro de todos los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio.

Los ayuntamientos no pueden excluir del padrón a los inmigrantes irregulares

La estrafalaria exigencia de papeles a los inmigrantes ya sin papeles por habérseles sido negados previamente, o de una vivienda digna a quien carece de recursos para alquilarla, parecen torturas inventadas por un rábula sádico. El derecho universal a la sanidad y el derecho a la educación obligatoria de todos los extranjeros avecindados en territorio español son derechos humanos transformados en derechos positivos por la fuerza expansiva de la Constitución: el padrón no concede derechos, sino que se limita a reconocer hechos.

La actitud discriminatoria hacia los inmigrantes irregulares, llegados en busca de trabajo legal pero obligados a malvivir en las sombras de una economía sumergida semiesclavista, ofrece rasgos ideológicos transversales que muestran su trasfondo electoralista. En la carrera hacia la conquista oportunista de sufragios, y pese al riesgo de conjurar los demonios de la marginación y la exclusión, el PP parte como favorito. El respaldo dado al alcalde de Torrejón por la presidenta de Madrid (imbatible a la hora de elegir malas causas) y la exhumación por la dirigente catalana Sánchez-Camacho de la consigna de Rajoy en las legislativas de 2008 ("no cabemos todos") son las primeras golondrinas electoralistas que anuncian los comicios de 2011.

Salvo casos patológicos o próximos a la mentalidad racista, las reacciones xenófobas no surgen en el vacío. Tal vez por su experiencia municipal como alcalde de Cornellà, el presidente de la Generalitat, José Montilla, criticó hace unos días -sin reparar tal vez en que la marca de fábrica de esa desafortunada expresión pertenece al PP- las visiones buenistas de la incontrolada irrupción de los flujos migratorios en la vida municipal. Sin duda, la inclinación de los vecinos de toda la vida a imputar las deficiencias de los servicios públicos (centros de salud, escuelas, transportes, orden público) de manera exclusiva a los recién llegados, en vez de atribuírsela también a las insuficiencias de las administraciones públicas, no debe ser infravalorada. Pero si los buenistas yerran al apostar sólo por las motivaciones altruistas de la condición humana, los malajes se complacen únicamente en sus fracasos.