El ex jefe de Sanciones de la Policía Local de Lugo no se presenta a declarar

El proceso por la retirada irregular de multas de tráfico en Lugo, que sigue el juzgado de instrucción número 3 de esa ciudad, había fijado para ayer el inicio de la toma de declaraciones. Pero una de las más importantes, la del ex jefe de Sanciones de la Policía Antonio Balea no se produjo porque éste alegó que no le había llegado la notificación.

El de Balea, -integrante de la Junta de Personal y a la espera de ser readmitido en su puesto tras una fallo judicial favorable-, era un testimonio muy esperado en un caso donde la juez hará pasar por su despacho a 77 agentes de Policía. Ayer tuvo que conformarse con escuchar la versión de dos de los imputados por un supuesto caso de tráfico de influencias. Los agentes tardaron unos 90 minutos en responder a la instructora, que principalmente les preguntó cuestiones técnicas vinculadas con la tramitación de una decena de boletines de sanción. Ambos negaron que hubieran participado en la retirada de multas.

Las comparecencias ante la juez seguirán hoy, día en que están llamados a declarar tres agentes. La jueza trata de determinar el alcance de este escape de conductores que se libraron de pagar sanciones en, al menos, 220 ocasiones, según consta en el sumario que el pasado viernes dejó de ser secreto para las partes.

El seguimiento del juzgado se centró en tres personas a las que realizaron escuchas telefónicas: el inspector José Ramón Vázquez Río, -actualmente en la prisión de Monterroso por su supuesta implicación en la Operación Carioca que investiga otro juzgado para esclarecer presuntos delitos relacionados con la prostitución-, el ex jefe de Sanciones y una funcionaria.

Entre las sanciones retiradas aparecen casi todo tipo de infracciones. Proliferan las impuestas por aparcamiento irregular, alguna de las cuales no sobrepasa los 60 euros, aunque también figuran otras por comportamientos más graves, como saltarse un semáforo en rojo, alcoholemia o conducción temeraria. La cuantía de estas últimas oscila entre los 450 y los 600 euros.

De las conversaciones intervenidas se desprende que una de las claves para tener opción a que la sanción fuera retirada era avisar al contacto en el mismo día en que el boletín aparecía en el parabrisas del vehículo.

Sí sorprende que hubieran quedado anotaciones en varios boletines, ya que al no estar numerados, era suficiente con romper la sanción para que no quedara rastro, tal y como explicó ante la jueza, en calidad de denunciante, el director general de Policía, Darío Diéguez.

Además de los impambién tendrán que pasar por el juzgado un buen número de supuestos beneficiaros de la retirada de sanciones, entre los que se encuentra el alcalde popular de Muras, Issam Algnam, que habría dejado de pagar una sanción de 150 euros por hablar por el móvil mientras conducía.