El juzgado imputa a Porro por el relleno de Vigo

El juzgado vigués que ordenó la paralización de las obras de ampliación del muelle del Areal amplió y agravó ayer las acusaciones iniciales de prevaricación y delito ecológico "a todos los órganos de la Autoridad Portuaria implicados en la tramitación del proyecto", según una nota informativa del propio puerto. Su presidenta, Corina Porro, y otros empresarios habían pedido una resolución rápida a su recurso.

El auto judicial desestima el recurso contra la paralización de las obras y, según la nota de la Autoridad Portuaria, no da réplica a los argumentos esgrimidos en él, adolece de falta de rigor y conculca "los más elementales principios del Derecho Procesal" al hacer "indiscriminadamente extensivas" las acusaciones iniciales.

"El auto hace puro seguidismo de la Fiscalía, cuya actuación es calificada por la juez en términos extremadamente elogiosos. Es decir, la resolución judicial podría, en realidad, haber sido dictada por la Fiscalía en idénticos términos", dice la nota, que también encuentra "llamativo" que no se argumente nada "acerca de los graves perjuicios que se van a ocasionar" con la paralización [no menos de cinco meses] y desvela que "la resolución judicial atribuye al Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y al Plan Director de Infraestructuras unas funciones y características" que no corresponden. En su lugar, dice la nota, bastaría con adaptarse al Plan Especial de Ordenación del Puerto como hace el proyecto paralizado.

El proyecto pretende ganar unos 90.000 metros cuadrados en los muelles comerciales, de los que 49.200 corresponden a la primera fase paralizada. Los escombros del túnel del AVE estaban siendo la primera materia de relleno y la obra fue parada el pasado día 7. La Autoridad Portuaria dispone ahora de cinco días para recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial.