El PP usa las Cortes contra la política económica de Zapatero

La asimetría preside la concepción que el PP valenciano tiene del juego institucional. El portavoz parlamentario popular y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, por ejemplo, aseguró ayer de nuevo que desde el Gobierno central "se está atacando la autonomía valenciana y de sus instituciones" porque el Ministerio de Cultura emitió una orden de paralización del plan que pretende prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal. Horas antes, había anunciado la presentación de una proposición no de ley para que las Cortes Valencianas debatan un "plan de austeridad presupuestaria y reformas para impulsar la economía", pero no del Consell que preside Francisco Camps, sino del Gobierno de España.

Una vez asumida la idea de que la "intromisión" sólo funciona en la dirección que le conviene al PP, la línea de las iniciativas parlamentarias que está proponiendo Blasco abunda en la cuestión. Si la semana pasada anunció una propuesta para exigir al Gobierno equidad en las ayudas a parques tecnológicos, esta semana presenta una para "buscar soluciones a una situación [la crisis] que se podía haber paliado si el Gobierno de Zapatero hubiera tomado decisiones adecuadas en lugar de dejar paso a la improvisación".

Impulsar un debate en un parlamento autonómico sobre la política que debe hacer el Gobierno central obedece, según señaló Blasco, a la intención de los populares valencianos de ser "los primeros de España en sumarse a la Declaración del Comité de Portavoces [del PP] firmada en Palma de Mallorca el pasado 16 de enero", en la que "el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, planteaba propuestas concretas para reactivar la economía de España y crear empleo".

Blasco, que desgranó algunas de las propuestas contenidas en el documento aprobado por su partido, defendió las "rebajas selectivas de impuestos", como las cotizaciones empresariales a la seguridad social o el IRPF de los rendimientos del trabajo, y añadió que la Comunidad Valenciana ha sido pionera en la supresión de algunos impuestos "y se ha demostrado que es una dinámica que funciona".

La valenciana es la comunidad autónoma más endeudada en relación al PIB (este año el volumen de la deuda supera al presupuesto global de la Generalitat) y donde más ha crecido el paro, que ya supera el 22%.