Joaquín Giménez: "No puede haber diálogo con ETA con contenido político"

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ex presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Joaquín Giménez, opina que el abandono del apoyo de la violencia por quienes han respaldado esta vía puede hacer reflexionar a ETA sobre "la inutilidad de su actividad". Además, afirma que no puede existir "un diálogo con contenidos políticos" con la banda armada, como tampoco puede haber "equidistancia frente de la violencia terrorista".

Giménez estima que "una asignatura pendiente" en Euskadi es "redescubrir el sentido propio del lenguaje" y precisa en una entrevista en la revista jurídica Res Pública recogida por Europa Press, que "hablar de final dialogado para el terrorismo puede dar la impresión de un diálogo entre iguales, es decir, entre los terroristas y las instituciones del Estado, lo que en modo alguno es admisible". En su opinión, "tampoco se puede establecer un diálogo entre iguales cuando son verdugo y víctima".

No hay delitos políticos

"Es cierto que la especificidad del terrorismo de ETA se encuentra en el apoyo social que le presta un segmento significativo de la sociedad vasca", señala. No obstante, apunta que "la exigencia del abandono definitivo, verificable y absoluto de la actividad terrorista es el presupuesto de todo, y mucho puede ayudar en ello el ejercicio de procesos de autodeterminación individual en sectores de la sociedad vasca que han mostrado su comprensión e incluso su apoyo a la actividad terrorista". "El abandono de esta posición sí que puede hacer reflexionar a los que practican el terrorismo sobre su inutilidad", asevera.

El magistrado señala que "la máxima de que todo es ETA no es en modo alguno admisible porque supondría instaurar un derecho penal de autor, que es incompatible con los postulados del Estado democrático que se funda en el derecho penal del hecho", en el que "se condena a una persona concreta por hechos concretos debidamente probados que constituyen un delito de terrorismo".

A su juicio, en España "no hay delitos políticos, entendiendo por tal el delito de opinión". "Basta indicar que hay partidos de clara y explícita vocación independentista que están desempeñando funciones de gobierno en alguna comunidad autónoma como Cataluña", precisa. Y destaca que "se trata de confundir cuando se alega que se encarcela a personas por sus opiniones políticas". "En modo alguno es cierto", asegura.