Gürtel, espías y otros horrores de 2009

La Comunidad ha vivido su peor curso político desde que en 2003 estalló el tamayazo, el escándalo de corrupción que aupó a Esperanza Aguirre a la presidencia regional. Del espionaje a altos cargos del PP a la guerra política por el control de Caja Madrid, pasando por el estallido del caso Gürtel.Ha sido uno de los peores años para la clase política regional y muy especialmente para el Gobierno de Aguirre, que ha perdido un consejero por estar imputado, tiene a un vicepresidente tocado por no haber podido dar el salto a la banca, uno de sus ex vicepresidentes ha llevado a los tribunales un caso de espionaje que afecta de lleno al Gobierno regional y la imagen de la presidenta arrastrada por el suelo por las acusaciones del vicealcalde Manuel Cobo. Éstos son algunos de los hitos del annus horribilis de Aguirre.

- Los espías. Apenas se habían estrenado las agendas del año 2009, cuando el primer escándalo político en la región saltó a las primeras planas de los periódicos. El 19 de febrero el primer titular, publicado en EL PAÍS, desvela que un ex inspector de policía, Marcos Peña, asesor de la Consejería de Presidencia, encabeza un equipo de investigación integrado por ex agentes y ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad.Entre marzo y mayo de 2008, en plena tormenta política en el PP por el fracaso electoral y el debate sobre la continuidad de Mariano Rajoy, los ex agentes desarrollaron tareas de espionaje pagadas con dinero público y para las que no tenían competencias legales atribuidas. En los días siguientes, se revelará que estos espías han seguido al ex vicepresidente Alfredo Prada, posicionado al lado de Rajoy frente a Aguirre; al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, rival político de la presidenta; a Álvaro Lapuerta, antiguo tesorero del PP, mientras ocupó este cargo y durante la feroz batalla política entre Aguirre y Rajoy, y a la diputada María del Carmen Rodríguez.

Pero el Gobierno regional no se hace responsable de los espías. "¿Por qué hacen ustedes caso a lo que cuenta EL PAÍS?", espeta Aguirre a los periodistas. Francisco Granados, titular de Interior, justifica que lo que hacían sus subordinados eran "labores de contravigilancia".

El PP nacional abre una investigación, pero la comisión pronto resulta un fiasco. El grupo popular impone su mayoría para impedir que la comisión reciba documentación vital. La conclusión final de la comisión, aprobada con la mayoría de votos del PP y en contra de la oposición, es que no hubo espionaje relacionado con la Comunidad de Madrid.

- El 'caso Correa'. La investigación del juez Baltasar Garzón a la trama de corrupción que encabeza Francisco Correa llega al Gobierno de Aguirre. En los primeros días de febrero, la presidenta regional trata de frenar su alcance con la salida del consejero de Deportes, Alberto López Viejo -que en el sumario es citado por Correa como el "muñidor" de la trama en el Gobierno regional-, y la destitución de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Se sumarán los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero; de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; y de Arganda, Ginés López. Y, además de López Viejo, los diputados Benjamín Martín y Alfonso Bosch. Junto a otros altos cargos populares, suman 13 imputados en la trama Correa, la región que más tiene.

Sin embargo, desde el principio, Aguirre trata de pasar por la campeona contra la corrupción. Y ello pese a que el sumario del caso atribuye a su Gobierno haber contratado en 358 ocasiones con las empresas de Correa -por valor de tres millones de euros- por el método de trocear los contratos (que nunca superaban el límite legal de 12.000 euros) para eludir la obligación de convocar un concurso y adjudicarlos a dedo. Un ejemplo, el acto de homenaje a los servicios de emergencias por su actuación en el 11-M se distribuyó en 15 facturas, por un monto de 141.002,59 euros.

- Diputados no adscritos. López Viejo, Bosch y Martín son, en teoría, diputados no adscritos. Pero, en la práctica, se sientan en escaños situados junto a su antiguo grupo parlamentario y votan siempre lo mismo que sus ex colegas del PP. Su expulsión del grupo popular tiene más tintes de farsa que de destierro político. Aguirre, a la que ningún alto cargo popular ha osado en seis años llevar la contraria (sin verse represaliado por ello), afirmó el 9 de octubre haber intentado, sin éxito, reclamar el acta de diputado a los tres imputados.

Para evitar que le tocara el escándalo de que unos diputados sin actividad parlamentaria pudieran cobrar aún más al salir del grupo, Aguirre fuerza el mismo cambio en el Reglamento de la Cámara al que se había negado en 2003 durante el tamayazo. El PP introduce por la vía urgente la figura del diputado no adscrito. Eso provoca una fuerte bronca en la Asamblea con la oposición. Sobre todo cuando el PP pretende aprobar con efecto retroactivo la norma, para impedir que los diputados imputados formen grupo mixto, y pone a la Mesa de la Asamblea "al borde de la prevaricación", en palabras del portavoz adjunto socialista, José Manuel Franco. En el pleno, éste recuerda que la Constitución impide restringir derechos con efecto retroactivo. Y el PP se ve obligado a enmendar su propia reforma.

- La confesión de Cobo. Pero si el PP sufre desgaste por la bronca política con la oposición, también le ha pasado factura la pelea interna. Aguirre ha alternado este año los enfrentamientos con Rajoy por el liderazgo del partido con su pelea personal con Alberto Ruiz-Gallardón, partidario del anterior. Las pésimas relaciones entre los dos líderes madrileños llegaron a su colofón cuando el vicealcalde, Manuel Cobo, en una entrevista en EL PAÍS el pasado 25 de octubre, se decide a denunciar el comportamiento político de Aguirre y su entorno, al que acusa de montar una "gestapillo" para espiarlo y controlarlo.

La confesión le cuesta la suspensión de militancia al vicealcalde, al que Gallardón daría su apoyo, pero da un vuelco en las negociaciones para el nuevo Consejo de Administración de Caja Madrid. Bastó una frase de Cobo: "Lo que está haciendo Aguirre con la gente de Rato es de vómito".

- A por Caja Madrid. En un intento de controlar la cuarta entidad financiera, el PP de Aguirre forzó en el otoño de 2008 una reforma en la Ley de Cajas para desalojar al presidente, Miguel Blesa. Un año después, la presidenta regional revela que su apuesta para dirigir la entidad es su vicepresidente, Ignacio González. Para facilitar el relevo, éste se había implicado personalmente en una negociación con sindicatos, empresarios y la oposición, PSM e IU, cerrada en julio, en la que se reparten los puestos del Consejo de Administración.

Tras el verano, las direcciones nacionales de los dos principales partidos desautorizan el pacto, llueven las críticas sobre el bajo perfil profesional del candidato de la presidenta y Aguirre se ve forzada a aceptar al ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, como candidato a presidir la Caja. Su entrada atasca el proceso, porque los socialistas no están dispuestos a renunciar a las promesas que les había hecho González. Tras semanas de negociaciones, Rato consigue una reforma para blindar su presidencia y cede a los socialistas tres puestos en el Consejo de Administración, uno más de los previstos.

- Gómez, cuestionado. La crisis de Caja Madrid pasa factura al secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, cuestionado en su propio partido por haber llegado a un acuerdo con uno de los principales enemigos políticos de su partido, el vicepresidente González. A las incipientes críticas internas, responde blindando futuros apoyos a su candidatura a la presidencia regional con puestos de consejero en Caja Madrid. Pero el líder socialista está tocado por errores del pasado: como el boicoteo a los actos institucionales presididos por Aguirre, que le llevó a no ir a la recepción del Dos de Mayo o a los actos por las víctimas del 11-M; ha sido incapaz de hacer cumplir a la presidenta el pacto para negociar los presupuestos y tiene problemas para difundir su mensaje político. Desde noviembre ha intentado mejorar su imagen con asambleas cara a cara con los ciudadanos, que están celebrando en las agrupaciones locales.

- IU se debilita. También la coalición de izquierdas se enfrenta a una crisis interna. El fin de año está marcado por su incapacidad para explicar a la opinión pública por qué dos concejales de IU -que aún no han sido expulsados- votaron con el PP una moción de censura a la alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio. Además, la coalición ha prescindido en la Asamblea de su principal baluarte, la ex portavoz Inés Sabanés. Como lo han calificado los partidarios de ésta, "un suicidio político".