Diputados del PP y del PSPV se rebelan contra el blindaje del Tajo

Los diputados valencianos, tanto los populares como los socialistas, se rebelarán si el Estatuto de Castilla-La Mancha que ahora se negocia en el Congreso blinda el caudal del río Tajo y hace inviable el trasvase a la cuenca del Segura. Así lo anunciaron ayer las direcciones autonómicas de ambos partidos, que consideran inaceptable que Castilla-La Mancha proponga incluir en la reforma de su Estatuto, que se tramita en el Congreso de los Diputados desde hace más de un año, una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos para el Tajo. Una cantidad de agua que, según el catedrático de la Universidad de Alicante Antonio Gil Olcina, afectaría no sólo a la cuenca del Segura, sino a los regadíos históricos del Júcar y a la conexión Júcar-Turia.

El consejero de Medio Ambiente y vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, afirmó ayer que los parlamentarios nacionales del PP elegidos por la comunidad autónoma votarán en contra de cualquier reserva de agua para el Tajo que haga inviable los trasvases. En el mismo sentido se expresó el secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente: "Si se plantea esa cuestión, diputados y senadores valencianos votarán no a esa propuesta".

Ambos dirigentes populares alertaron de la rebelión que se producirá en el Congreso de los Diputados si se blinda el agua del Tajo mientras el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mantenía una reunión con Gil-Olcina; el director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, y el director del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, Millán Millán.

Por su parte, la dirección de los socialistas valencianos advirtió que sus diputados no votarán un Estatuto castellano-manchego que suponga acabar con el trasvase Tajo-Segura. "Es inaceptable una propuesta de estas características y pedimos que se elimine, no que se reduzca, ya que los caudales del Tajo ya están regulados".El PP intentó ayer retomar la iniciativa tras unos días de titubeos. Así, el consejero de Medio Ambiente exigió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una conferencia de presidentes autonómicos para hablar del agua, tan solo semanas después de que el PP boicotease una reunión de este órgano, pese a la inclusión en la agenda de los temas de agricultura, ganadería y agua, tal y como reclamaban los populares.

Para Cotino, que eludió pronunciarse sobre la posición de la secretaria general del PP manchego, María Dolores de Cospedal, la culpa es sólo de los socialistas. "El PP no ha dicho absolutamente nada [sobre blindar el Tajo], quien lo ha dicho es el Partido Socialista", prosiguió Cotino, "si viene alguien por la puerta y me dice 'estudia esta propuesta', yo me la puedo estudiar, pero una cosa es estudiar y otra aceptar".

Por su parte, fuentes de la ejecutiva del PSPV-PSOE que dirige Jorge Alarte aseguraron ayer que ni diputados ni senadores valencianos votarán en el Congreso un Estatuto de Castilla-La Mancha que restrinja el trasvase Tajo-Segura. "Desde el PSOE es muy difícil que prospere una iniciativa como la de blindar el Tajo porque es un tema cerrado. La renuncia al trasvase del Ebro se aceptó a cambio de desarrollar el Programa Agua, la política de desalación y garantizar la continuidad del trasvase Tajo-Segura", explicaron fuentes socialistas, que recalcaron que el problema lo tiene el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien la secretaria general del PP nacional ha pedido que no se pronuncie públicamente.

La posición de populares y socialistas valencianos colisiona con la actitud de sus dirigentes nacionales, que desean encontrar cuanto antes una salida para la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. La pretensión de blindar el agua del Tajo coloca, además, en un brete a los cabezas de lista por Valencia, la vicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega, y el vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, pidió ayer al Consell que prepare ya un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Castilla-La Mancha -en discusión en el Congreso de los Diputados- en previsión de que incluya alguna referencia que anule en la práctica el trasvase del Tajo.