La disputa por De la Rúa bloquea la elección de altos cargos judiciales

El bloqueo en el Consejo del Poder Judicial en los nombramientos de altos cargos judiciales es total. Tanto que, si no cambian las cosas, propiciará que Juan Luis de la Rúa -uno de los tres jueces que decidió el archivo de la causa por cohecho impropio contra el presidente valenciano, Francisco Camps- siga previsiblemente como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al menos hasta el próximo verano.

Los vocales progresistas y conservadores del Consejo -que inevitablemente han de pactar para reunir los 13 votos mínimos que requieren las presidencias de los tribunales superiores y vacantes del Tribunal Supremo- han erigido la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su pieza más codiciada. Todo ello con las ascuas aún pendientes del caso Gürtel y la supuesta implicación en él del presidente Camps.

La sustitución de Ruiz Piñeiro en el tribunal vasco se da por segura

De la Rúa aún podría meter mucha baza en el 'caso Gürtel'

Ni conservadores ni progresistas parecen estar dispuestos a ceder Valencia. Ante este bloqueo, la estrategia que han adoptado ambos grupos es dejar pasar el tiempo, dado que en los próximos meses saldrán a concurso otras presidencias de tribunales superiores (las de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía) que les obligarán a decantarse. Y es que en Andalucía -comunidad donde desde siempre gobierna el PSOE- la presidencia del alto tribunal -ocupada ahora por Augusto Méndez de Lugo, que será relevado- es otra de las plazas más deseadas, sobre todo para los vocales progresistas.

Según fuentes del Consejo, es posible que sea en ese momento cuando conservadores y progresistas se vean forzados a repartirse ambas plazas. Si en Valencia gobierna el PP, en Andalucía lo hace el PSOE. Y, aparte de intereses políticos, es diáfano el interés del vocal progresista Manuel Torres Vela, según fuentes de su entorno, en que la plaza del tribunal andaluz sea para el actual presidente de la Audiencia de Cádiz, Lorenzo del Río. Su nombramiento contentaría, además, a la moderada Francisco de Vitoria, a la que pertenecen Torres Vela y Del Río.

En el pleno del Poder Judicial del pasado jueves debieron ser nombrados los presidentes de Valencia, Cataluña y País Vasco. No hubo forma de que se pusieran de acuerdo. Fuentes del Consejo se apresuraron a difundir que la negociación estaba rota y que se había aplazado hasta enero. Aun así, en ambos sectores del CGPJ se descarta la posibilidad de un pacto en enero, al menos en Valencia.

Pero sí es posible que a comienzos de año haya acuerdos para la presidencia del País Vasco, donde todos dan por segura la no renovación del juez conservador Fernando Ruiz Piñeiro y su sustitución por el presidente de la Audiencia de Álava Jaime Tapia, apoyado por la vocal Margarita Uría. Afín al PNV, Uría suele sumar su voto al de los progresistas en las decisiones del Consejo y éstos se ven impulsados a devolver favores.

También hay consenso para revalidar en la presidencia del Tribunal Superior de Cataluña a Maria Eugènia Alegret, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Pero la plaza del Tribunal Superior de Valencia, cuyo presidente, De la Rúa, está en funciones desde junio tras diez años en el cargo, quedará en el aire hasta el verano.

Ambos grupos juegan con que pronto tendrán sobre el tapete, para ser cubiertas, otras vacantes de altos cargos judiciales importantes. Por ejemplo, las presidencias de los tribunales superiores de las dos Castillas, así como tres vacantes en el Tribunal Supremo: una de jurista en la Sala Penal del Supremo, la que deja el presidente de la Sala de lo Contencioso -que resuelve los pleitos entre ciudadanos y la Administración- y otra en la Sala Civil.

Los conservadores no tienen inconveniente en apoyar al candidato de los progresistas a la vacante de la Sala de lo Penal, el catedrático Gonzalo Quintero, si, a cambio, éstos les apoyan para situar a Juan José Lesmes, ex alto cargo del PP en Justicia, para la plaza que quede vacante en la Sala de lo Contencioso.

En todo caso, la idea de conservadores y progresistas, que tienen nueve votos cada uno, es resistir y ceder para luego pedir la compensación de Valencia como algo inevitable. El grupo progresista ha puesto los ojos para esta comunidad en la magistrada María Mercedes Boronat. Y es que no se desvanece la sombra del caso Gürtel ni de las investigaciones judiciales que pesan sobre el presidente de la Diputación y número uno del PP en Castellón, Carlos Fabra.

Todo indica que De la Rúa, si no se abstiene, aún podrá meter mucha baza en la parte del caso Gürtel que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, que el propio De la Rúa archivó y que está pendiente de un recurso de la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Supremo. Camps se jactó en público de la íntima amistad que le unía a De la Rúa, quien luego aseguró ante el Poder Judicial que esa amistad sólo es "institucional".

La intención del Supremo es resolver el recurso en los primeros meses de 2010. Si lo estimase, la vertiente valenciana del caso Gürtel volvería a las manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia con De la Rúa aún como presidente. Pero es que, además, el TSJV estudia en este momento una querella de los socialistas de Valencia contra Camps y otros altos cargos del PP de Valencia por supuesta financiación ilegal del partido con la mediación de la trama Gürtel a través de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

De la Rúa fue excluido de la terna para presidir este tribunal, pero días después los vocales Antonio Dorado, Fernando de Rosa y Manuel Almenar -todos ellos nombrados a propuesta del PP- pidieron al pleno de este órgano que incluyera a De la Rúa en la lista de candidatos. Los aspirantes a presidentes de tribunales superiores y a magistrados del Supremo deben obtener un mínimo de 13 votos para resultar elegidos.