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Tribuna:La firma invitada | Laboratorio de ideas

Crisis económica y economía sumergida

La crisis económica, por sus enormes repercusiones en los planos personales y profesionales, puede poner en cuestión principios y escalas de valores, así como sacar a la luz estrategias y opciones diferentes para librarse de sus efectos.

Uno de los tópicos asociados a la crisis económica es el aumento de la economía sumergida, o, por utilizar la terminología empleada por la OIT, generalizada a nivel internacional, del "trabajo no declarado".

Conviene, antes de nada, precisar el concepto. La OIT considera trabajo no declarado "toda aquella actividad económica, realizada por trabajadores o empleadores, que desde el punto de vista legal o en sus aspectos prácticos no se ajusta o se ajusta de forma parcial a los requerimientos normativos". La OCDE, en la misma línea, define la economía sumergida como "la actividad económica, cuya realización sin ser ilegal en sí misma, no se declara a una o varias autoridades administrativas".

Todos los agentes implicados deben aplicar medidas que ayuden a superar la crisis

Así, ésta habrá servido para robustecer y no debilitar el tejido social y "blanquear" el sistema productivo

Estas definiciones excluyen tanto las actividades delictivas, tipificadas como tales en la legislación penal, como las que, por su naturaleza amistosa, benévola o prestadas dentro del círculo familiar, no están sujetas a regulación y control públicos, y permiten distinguir claramente dos tipos de trabajo no declarado: el trabajo "en negro": aquel que se realiza ocultando a todas las autoridades concernidas -sociales, fiscales, etcétera- su propia existencia. Y el trabajo "en gris": aquellas actividades cuya realización se declara parcial o insuficientemente o bien se declara sólo a algunas de las autoridades concernidas, por ejemplo, a las autoridades laborales, pero no a las fiscales o viceversa.

Aunque, en el fondo, no hay diferencias sustanciales en los efectos que se derivan de ambas modalidades, difieren profundamente tanto en sus causas como en la estrategia para detectarlas y combatirlas.

»Trabajo no declarado: actitudes y efectos. La posición general de la sociedad ante el trabajo no declarado es, en principio, de censura y rechazo, si bien, en la vida diaria y en relación con situaciones y personas concretas suelen adoptarse actitudes mucho más condescendientes y tolerantes.

Como consumidores, con alguna frecuencia, solicitamos o aceptamos la propuesta de que el pago de determinados servicios o trabajos se realice sin factura -"en gris", como poco-, ahorrándonos el pago de unos impuestos que tendrá su repercusión en los ingresos públicos.

Ciertos empleadores hacen, en ocasiones, uso de "ingeniería" en materia fiscal o en las cuotas de la Seguridad Social, tratando como exentos de tributación o cotización cantidades y conceptos legalmente establecidos.

Como trabajadores no es extraño que algunas veces se compatibilice el trabajo por cuenta ajena o propia con la percepción de determinadas prestaciones sociales incompatibles con la realización de actividades lucrativas.

Las actitudes de tolerancia o de comprensión ante las situaciones descritas, por justificadas que pudieran parecer desde un punto de vista subjetivo, no resultan aceptables por las nefastas consecuencias que producen.

El fraude en la tributación o en las cotizaciones sociales constituye no sólo un ataque directo al mantenimiento del Estado de bienestar y la garantía de los derechos de las capas más vulnerables de la sociedad, sino que, en cuanto consumidores o receptores de servicios, nos coloca en una situación de indefensión para hacer valer nuestros derechos, al convertirnos en colaboradores en la comisión del fraude, privándonos a nosotros mismo de los instrumentos necesarios para la reclamación y exigencia de nuestros derechos.

Por otra parte, estas prácticas fraudulentas constituyen ejemplos de competencia desleal, de forma que los empresarios que ajustan su conducta a los requerimientos legales ven dificultados sus esfuerzos por incrementar su volumen de negocio o por mantenerse en el mercado.

En cuanto a los trabajadores, conviene distinguir claramente dos situaciones: los trabajos realizados "en negro", en los que los trabajadores desempeñan casi siempre el papel de víctimas, puesto que se hallan en tales situaciones de precariedad que las condiciones les vienen realmente impuestas sin que cuenten con margen para rechazarlas, y la de quienes de forma voluntaria consideran justificado elevar la renta disponible, diversificando sus fuentes de ingresos o minorando las deducciones y pagos.

La lucha contra la economía irregular es, por tanto, una tarea que corresponde a la sociedad en su conjunto y se relaciona directamente con el afianzamiento de los pilares básicos de la Estrategia de Lisboa: empleo de calidad, productividad en el trabajo y cohesión social.

En este sentido, el Parlamento Europeo en su informe sobre la intensificación de la lucha contra el trabajo no declarado, de septiembre de 2008, "opina que es necesario aumentar la sensibilización de los empleadores, de los trabajadores, de los usuarios potenciales del trabajo no declarado y del conjunto de las organizaciones sociales sobre los riesgos y los costes relacionados con el trabajo no declarado y sobre los beneficios asociados a la eliminación de este tipo de trabajo".

»El papel de las Administraciones Públicas. El hecho de que la sociedad en su conjunto esté llamada a desempeñar un papel esencial en la materia no se contrapone a la necesidad de que las administraciones públicas lleven a cabo un programa específico de actuación al respecto.

Generalmente suele concederse el protagonismo a las medidas de control y de lucha contra el fraude. Y, en este sentido, el Parlamento Europeo considera que el éxito para combatir eficazmente el trabajo no declarado exige contar, no sólo con normas adecuadas en materia fiscal, laboral y de Seguridad Social, sino también con un refuerzo de medios y acciones adoptadas por las diferentes autoridades concernidas, por lo que "aboga por una estrategia de lucha contra el trabajo no declarado basada en una estrecha y eficaz coordinación y cooperación administrativas entre las agencias gubernamentales ejecutivas, las inspecciones de trabajo, los interlocutores sociales, las administraciones de la Seguridad Social y las autoridades fiscales".

Esta colaboración implica el intercambio de información, en particular el acceso y explotación de bases de datos, que permitan planificar y llevar a cabo programas de actuación inspectora combinados en materia financiera, fiscal, laboral y de Seguridad Social que incrementen tanto la eficacia de la actuación como la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. Asimismo servirá para establecer y aplicar criterios y prácticas innovadoras en relación con sectores y conductas específicos que, por su configuración o inconsistencias, deban ser objeto de un seguimiento especial.

Así, los Estados deben contar con medidas sancionadoras eficaces que, por su cuantía, no solamente resulten disuasorias sino también cumplan una función ejemplarizante, signo del rechazo social que tales conductas deben producir. Estas medidas deben tener particular relevancia cuando se trate de situaciones que afecten a colectivos de especial vulnerabilidad, como inmigrantes irregulares, mujeres en sectores poco formalizados y regulados o actividades en las que la temporalidad, la escasa cualificación y la peligrosidad constituyen el caldo de cultivo de altas tasas de siniestralidad laboral.

»Hacerlo aflorar, no eliminarlo. Con todo, el Parlamento Europeo es consciente de que el éxito en la lucha contra el trabajo no declarado no puede confiarse exclusivamente a las medidas represivas, sino que "insta a los Estados miembros a que utilicen los instrumentos políticos a su disposición, combinando las acciones preventivas y las sanciones con objeto de transformar el trabajo no declarado en trabajo regular".

La vía que se ha demostrado más eficaz en diversos países ha sido la colaboración de los agentes sociales, para la detección de las dificultades y problemas que determinados sectores y actividades hallan para ajustarse a los requerimientos legales o administrativos, con vistas a acordar planes de actuación que permitan su afloramiento o adoptar determinadas medidas que han demostrado su eficacia en circunstancias semejantes.

En definitiva, se trata de corregir la deriva hacia una salida individual e insolidaria de la crisis, y aplicar con el acuerdo y la participación de todos los agentes implicados un conjunto de medidas que ayude a superar las dificultades económicas mediante el respeto a la libre competencia, la protección de los derechos sociales de los trabajadores, de los beneficiarios de prestaciones sociales y de los perceptores de servicios; es decir, del conjunto de la sociedad. De esta forma, la crisis económica habrá servido para robustecer y no debilitar el tejido social y "blanquear" el sistema productivo. -

Raimundo Aragón Bombín es director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de diciembre de 2009