Superimpuesto, superconfuso

El proyecto británico de gravar con un superimpuesto las bonificaciones de los banqueros tiene una redacción muy genérica. Esto disuadirá a los banqueros inteligentes de aprovecharse de las lagunas jurídicas. Pero los gestores de activos, los fondos de cobertura y hasta los jefes de bancos extranjeros podrían verse afectados a no ser que la hacienda pública actúe con rapidez.

El objetivo de Alistair Darling estaba claro: "Los profesionales ya de por sí muy bien remunerados" de los bancos, todos los cuales "se beneficiaron, directa o indirectamente, de un nivel de respaldo insólito por parte del contribuyente". Sin embargo, la ley propuesta por el ministro de Finanzas está redactada de manera tan genérica que podría atrapar en sus redes a objetivos inesperados.

El proyecto de ley describe una gama tan amplia de actividades financieras que no sólo parece aplicarse a los bancos de depósitos, sino también a gestores de activos, fondos de cobertura, empresas de capital riesgo, asesoras especializadas e incluso agentes fiduciarios.

Hay más confusión acerca de los individuos que abarca. Por ejemplo, un banco podría sostener que no todos sus profesionales trabajan en actividades bancarias y, por tanto, esos deberían estar exentos del impuesto.

Una consecuencia aún más asombrosa de la ley es que cualquier profesional bancario extranjero que trabaje para una institución incluida en la ley podría ver toda su bonificación afectada por el impuesto, aunque sólo haya trabajado un día en el Reino Unido.

Por ejemplo, Lloyd Blankfein, presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs, podría encontrarse con que toda su bonificación es gravable en el Reino Unido. Presumiblemente, ésta no es la intención del Gobierno. La ley se redactó apresuradamente e intenta cerrar posibles lagunas jurídicas antes de que algunos las aprovechen. Las autoridades ya han garantizado en privado a los fondos de cobertura y a los fondos de capital riesgo que no les afectará. Sería perdonable que no se sientan demasiado seguros.

El Gobierno tiene derecho a gravar a aquellos banqueros que se disponían a obtener compensaciones injustas gracias a la ayuda pública al sector financiero. Pero en su apresuramiento ha provocado una confusión innecesaria y perjudicial, y debe aclarar su posición lo antes posible.