Un centenar de policías locales de Lugo declarará por retirada ilícita de multas

Cerca de un centenar de agentes y auxiliares de la Policía Local de Lugo tendrán que pasar por las dependencias del juzgado de instrucción número 3 para declarar ante la juez Estela San José por un presunto caso de retirada fraudulenta de sanciones de tráfico. La mayor parte lo harán en calidad de imputados, a los que habrá que sumar un número indeterminado de particulares beneficiados. Según los casos, podrían acabar como imputados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación o falsedad documental.

La intervención judicial, que está bajo secreto de sumario, comenzó el pasado 23 de junio, cuando la juez accedió al interior del cuartelillo acompañada por varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía para efectuar un registro. Una vez dentro se fue directamente hacia la unidad de sanciones, seguida por el director general de la Policía Local, Darío Diéguez y el Inspector Principal, Jesús Núñez. Allí se incautó de varios expedientes relacionados con sanciones por alcoholemia y otro tipo de infracciones de tráfico.

Se trata de la misma juez que puso en marcha una macro investigación, que está a punto de concluir, por el supuesto sobreseimiento irregular de sanciones en la jefatura provincial de Tráfico, que provocó las dimisiones del anterior responsable de este departamento y de quien era subdelegado del gobierno en esa época.

El concejal del área de Protección a la Comunidad de Lugo, José Rábade, -que en su día declaró como imputado por el sobreseimiento de sanciones en la Jefatura de Tráfico-, compareció ayer mismo para anunciar "máxima colaboración" con la justicia, ante un caso, donde recordó que el ayuntamiento "ya se ha personado", si bien quiso explicitar el respeto hacia la "presunción de inocencia" de los presuntos implicados.

También envió un mensaje de "tranquilidad" por parte del ejecutivo local hacia la ciudadanía y dijo que se está trabajando "con intensidad" en la reestructuración de la policía local desde el año 2007, para conseguir un cuerpo policial "responsable, eficaz y que responda a los intereses y expectativas que la ciudadanía de Lugo tiene depositado en ellos".

Dijo desconocer el número exacto de policías imputados, aunque sí reiteró que como gobierno local se habían personado "para tener conocimiento del proceso y seguir todas las actuaciones" de un caso que está bajo secreto de sumario y para el que, de momento, no fueron reclamados por el juzgado instructor.

De todas formas, no se mostró sorprendido por esta situación y admitió que era algo "esperado" como consecuencia de la actuación judicial que en su día llevó a la jueza a registrar las dependencias de la unidad de sanciones.

La realidad es que, según algunas fuentes, el método de sanciones es tan arcaico, -pronto se suprimirá con la dotación de medios telemáticos-, que retirar una multa se podía convertir en un acto sencillo e incluso sin que se llegara a enterar el agente que había suscrito el boletín de sanción, ya que no existía un número de expediente. Lo obsoleto del sistema también puede acarrear dificultades a la juez en las investigaciones, puesto que en algunos casos es muy complicado hacer un seguimiento de una sanción retirada.

De hecho, el portavoz del grupo municipal del BNG, Xosé Anxo Laxe, no dudó en afirmar que el sistema "propiciaba un descontrol total, que se acabó convirtiendo en arbitrario y ya veremos si también delictivo".

Entre los imputados podría figurar el anterior responsable de la unidad de sanciones, un agente recientemente destinado a otro servicio, tras una polémica reestructuración de este colectivo que se afrontó con el apoyo del equipo de gobierno y el grupo municipal del BNG y el rechazo de una parte importante de la plantilla.

Curiosamente, el gobierno local tendrá que reintegrar en su puesto a este policía, ya que una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2, sostiene que en la destitución del puesto que ocupaba se pudieron observar indicios suficientes para sospechar que se vulneraron derechos fundamentales de libertad sindical y libertad de expresión.