El alcalde de Almogía se retracta y no dimitirá tras ser imputado

El pasado 20 de octubre, mientras la Guardia Civil registraba el Ayuntamiento de Almogía (Málaga) en busca de pruebas sobre supuestas irregularidades urbanísticas, el alcalde, Cristóbal Torreblanca (PSOE), anunció: "Si fuera imputado formalmente, me defenderé sin implicaciones para el pueblo de Almogía y para el Partido Socialista, por lo cual renunciaré a mi cargo". Ayer conoció tras declarar a la juez que ésta le mantiene imputado por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, pero pese a lo anunciado hace 37 días, continuará siendo alcalde y militante socialista. "No voy a dimitir, porque no hay nada raro, como dije", afirmó a la salida del juzgado.

Torreblanca afirmó que se encuentra "totalmente tranquilo", porque cree que "las cosas se han hecho bien". Argumentó que las ocho licencias para construcción o reforma de viviendas en suelo rústico no urbanizable objetos de la investigación fueron otorgadas porque contaban en todos los casos con informes favorables del secretario y del arquitecto municipal, ambos imputados también en la causa.

El alcalde de Almogía fue preguntado también por un certificado sobre la antigüedad de una vivienda expedido por la Policía Local, que presuntamente estaría falsificado, algo que dijo "no tiene importancia" porque él se limitó a dar el visto bueno.

Precisamente ayer declararon también ante la juez instructora los dos agentes de la Policía Local imputados en el caso, así como otros dos concejales y dos personas más. El caso suma de momento 11 imputados.

El abogado del alcalde de Almogía, José Carlos Aguilera, se mostró confiado en que las actuaciones se archivarán porque aunque las licencias no fueran correctas, no significa que exista un delito y más bien se trata de un ilícito administrativo. "Mal se puede hablar de prevaricación urbanística en ocho expedientes cuando todos cuentan con informes técnicos favorables del secretario y del arquitecto municipal. Esto es un ejemplo claro de que estamos equivocándonos de lugar, no son los juzgados de lo penal donde deben dirimirse estos asuntos, sino la vía de los juzgados administrativos o de los expedientes sancionadores", explicó, y se quejó de la criminalización del urbanismo.