La Junta se niega a pagar el plan social de Ercros

La reunión de la dirección de Ercros -empresa catalana de productos químicos- con representantes de la Consejería Empleo celebrada ayer en Sevilla dejó claras las posturas de ambas entidades: el Gobierno andaluz se niega a costear el plan social de la compañía, que, en principio, supeditaba las indemnizaciones de los despedidos en Palos de la Frontera (Huelva) a las ayudas concedidas por la Administración. Y Ercros insiste en que el trato dado a la planta onubense no es discriminatorio.

La Junta y los trabajadores denunciaron un supuesto maltrato a la factoría de Palos respecto a otros centros en julio, tras la firma del ERE que supone el cierre total de la empresa antes de 2012. El expediente señala la salida inmediata de 54 trabajadores y del resto -hasta 118- en el cierre.

Teresa Conesa, secretaria general de Ercros, declaró ayer que la empresa asume los costes del plan social "como así figura en el ERE firmado en julio" y puntualizó que ya se realizó una "modificación" en septiembre "para eliminar todo tipo de interpretación discriminatoria". "No hay diferencia entre las condiciones del ERE para las personas excedentes de Palos respecto a los otros centros de la compañía", aseguró. La secretaria general reconoció que se cerrará la fábrica onubense a no ser que la Junta aporte una inversión de 14 millones que permitiría la modificación de la tecnología y la continuidad de la actividad. La Administración debería pronunciarse en dos semanas. Mientras, el presidente del comité de empresa, Gerardo Ferreirós, sigue encerrado en las instalaciones de la fábrica desde el lunes con otros 11 empleados a la espera de un acuerdo "no traumático".