Servidumbre voluntaria

La consigna lanzada el pasado martes en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP por su presidente -"no habrá próxima vez"- fue una amenaza apenas velada a los afiliados que infrinjan en el futuro la disciplina interna del partido. Rajoy respondía así a la resistencia presentada -como gatos panza arriba- por la presidenta Aguirre y el presidente Camps a cumplir las órdenes de la dirección nacional sobre la candidatura a la presidencia de Caja Madrid y la destitución del secretario general de los populares valencianos.

Abstracción hecha del papel desempeñado por las ambiciones personales, las luchas de poder, los rencores biliosos, los enfrentamientos generacionales y los argumentos ideológicos, los conflictos internos de los partidos ofrecen tendencia a enquistarse y a desdeñar cualquier estrategia pacificadora. El sentido común del que tanto se enorgullece Rajoy o el simple instinto de supervivencia del PP -los electores huyen como de la peste ante los partidos divididos- resultarán probablemente insuficientes para calmar las aguas del PP. La sonora ausencia de Esperanza Aguirre en el cónclave del Comité Ejecutivo y su frenética actividad para inaugurar guarderías, polideportivos o aparcamientos (el caso Correa ha sacado a la luz el elevado coste presupuestario de la perpetua exposición al público de la presidenta madrileña) hacen presumir que -como suelen escribir los revolucionarios en las paredes- la lucha continúa.

Es paradójico que los partidos prohíban a sus militantes derechos que la Constitución les garantiza como ciudadanos

Resulta paradójico que los aparatos de los partidos prohíban a sus miembros ejercer, en tanto que militantes, derechos fundamentales que la Constitución les garantiza como ciudadanos. A mediados del siglo XVI, un amigo de Montaigne, Étienne de la Boétie, recurrió en su célebre Discurso a la imagen de la servidumbre voluntaria para explicar la sumisión de millones de franceses a la monarquía absoluta. Pero también en los regímenes democráticos los afiliados a un partido autolimitan su libertad de expresión para criticar a los dirigentes y de reunión para concertarse con otros correligionarios, a fin de ejercerlas sólo en el ámbito cerrado de las estructuras partidistas; esa actitud de renuncia también se extiende a las garantías de la tutela judicial cuando son sancionados disciplinariamente.

La pertenencia igualmente voluntaria a una iglesia religiosa, a una organización no gubernamental o a un club deportivo implica parecidos recortes. No cabe descartar, sin embargo, el surgimiento de conflictos entre las medidas disciplinarias adoptadas por el aparato de un partido contra un afiliado y los derechos constitucionales que le correspondan como ciudadano, tal y como algunos miembros de UPyD discrepantes con sus dirigentes denunciaron hace meses ante un juzgado madrileño que aún no se ha pronunciado. Si esas demandas se extendieran al PP y a las demás formaciones políticas, habría que elegir entre dos males: o bien negar el amparo a los ciudadanos cuyas libertades fundamentales sean violadas por su condición de militantes, o bien judicializar la vida interna de los partidos.