El desorden urbanístico multiplica el riesgo de inundaciones

El fuerte temporal de hace unas semanas dejó tras de sí zonas urbanas empantanadas, pérdidas económicas millonarias y polémicas políticas en las que unos y otros se echan la culpa del desaguisado. Esta vez, por fortuna, no hubo que lamentar víctimas mortales, pero cientos de personas perdieron muebles, coches y negocios. Y se preguntan por qué no están seguros en sus casas y calles. La Generalitat tiene leyes para impedir o supervisar la edificación en zonas inundables; la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dispone de planes contra avenidas; los meteorólogos avisan de las gotas frías y las universidades no dejan de producir estudios sobre el territorio. Y aún así, el agua se desborda por donde no se la espera.

"No hay más gotas frías, sino más gente en sitios inundables"

"Es necesaria una evaluación continuada del territorio"

Los expertos advierten desde hace tiempo que la intensa transformación del territorio ha multiplicado el riesgo de inundaciones. El urbanismo salvaje de la última década ha eliminado campos y humedales que antes absorbían agua y evitaban que se precipitara hacia los ríos, y ha permitido construcciones al borde de los cauces e incluso en ellos. El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, lo advirtió en una visita a Beniarbeig tras el primer temporal fuerte del otoño: "Entre todos hemos hecho un territorio en el que el drenaje ha sido el gran olvidado y, por mucho que ahora ejecutemos obras de encauzamiento, cuando llueve el agua no llega a los cauces, sino que se queda estancada en las ciudades".

"Antes se filtraba agua en los campos y llegaba más repartida y más tarde a los ríos", abunda José Ramón Mahiques, portavoz de la Plataforma Ciutadana Riu Girona, creada por vecinos de Beniarbeig, El Verger y Els Poblets tras el desastre de octubre de 2007, cuando el río se desmadró hasta tumbar un puente y anegar los pueblos. En aquella riada convergieron causas naturales, un río encajonado en cascos históricos, puentes obsoletos, el arrastre de vegetación de ribera..., pero también lo que la plataforma llama "factores agravantes de los desbordamientos". Estos señalan al boom inmobiliario, al abandono de campos que pueden ayudar a laminar avenidas y la "importante impermeabilización del suelo provocada por un crecimiento urbanístico acelerado". Los riesgos persisten, porque tras las obras hechas en el cauce tras la riada, se sigue construyendo pegado al río, constata Mahiques, como si el peligro hubiera desaparecido.

Que el agua puede revolverse como una hidra de siete cabezas lo saben también en Burriana, donde los vecinos navegaron literalmente por sus calles en el núcleo histórico del puerto, en el que viven unas 6.000 personas. El caos generado por el último temporal fue tal que los afectados han creado una plataforma y buscan explicaciones. Jorge Soriano, su presidente, tiene algunas. Se asfaltaron calles hace un año dejando "las trapas tapadas", un olvido que impidió que el agua llegara al alcantarillado. Tampoco pudo desaguar en el mar porque "se han construido escolleras y unos muros en el paseo marítimo que al final tuvieron que tirarse abajo". El torrente de agua también vino de fuera, de los PAI a medio hacer cerca del puerto, donde "se han dejado de usar acequias y se han cegado", de modo que el agua se abalanzó por los caminos rurales hacia el casco urbano. Los vecinos apuntan a las administraciones como responsables y estudian acciones legales.

Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, acaba de participar en un nuevo estudio sobre la vulnerabilidad ante las inundaciones en el litoral mediterráneo que certifica que "ha aumentado el riesgo, pero no porque haya más gotas frías, sino porque hay más gente en sitios inundables". En el litoral entre Torrevieja y Pilar de la Horadada se ha construido a pie de rambla, como también en torno a los ríos Girona o Gorgos, por poner algunos ejemplos. Ocurre a lo largo de toda la costa valenciana, constata Paco González, portavoz de la organización ecologista Gecen, que denuncia que la presión del ladrillo se ha impuesto a la protección de zonas húmedas que actuaban "como lagos laminadores de fuertes lluvias" y ahora están salpicadas de casas con sótano.

González también critica por desfasado e insuficiente el Patricova, el documento con el que la Generalitat fijó en 2003 las zonas inundables en las que extremar precauciones y la necesidad de acometer un centenar de obras. Del Patricova están pendientes decenas de obras y el desorden urbanístico obliga a revisar el mapa de riesgos. "Se está actualizando", afirman en la Consejería de Medio Ambiente, que no explica más. La Generalitat afirma haber invertido 395 millones de euros en 68 infraestructuras hidráulicas, pero no aclara desde cuándo ni en qué actuaciones.

La CHJ, por su parte, ha incrementado significativamente la inversión en los cauces para prevenir inundaciones, que ha pasado de cerca de un millón de euros en 2004 a los 21,4 de este año, aparte de otros 44 millones gastados en obras de emergencia por las riadas de 2007 y 2008. De ahí que Moragues insistiera en denunciar que el Consell ignora informes negativos de inundabilidad del organismo. La consejería lo niega, pero las actas de la CHJ de las comisiones de urbanismo reflejan esos votos desfavorables.

Llegados a este punto, con el riesgo sobre la mesa cada otoño, ¿qué hacer? Aparte de actualizar planes y aplicar la normativa, allí donde la urbanización ya está hecha no queda otro "remedio" que acudir a la ingeniería, mientras que en zonas libres de edificación debe imponerse "la ordenación del riesgo" y, en general, la "educación al ciudadano" sobre los peligros de las riadas, dice Olcina.

Joaquín Farinós, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de València, ve también necesaria "una evaluación continuada del territorio, que es un sistema cambiante". Farinós propone "observatorios territoriales" que analicen la dinámica de cambios y las políticas que se aplican. En Alemania esa tarea la asume una oficina a nivel federal, Francia y Holanda también cuentan con observatorios territoriales potentes. "La cuestión es política", de aprovechar los instrumentos de que se dispone y el conocimiento de técnicos y expertos para favorecer "un modelo de desarrollo alternativo". Aplicar "sentido de Estado" a la visión territorial, añade Farinós. "Gobernanza aplicada al territorio para llegar a pactos", coincide Olcina.