Aún hay jueces en la Audiencia

No ha sido ninguna sorpresa para mí el auto de la Audiencia provincial de A Coruña relativo al caso Prestige, que aparece firmado sin votos discrepantes por los tres magistrados de su sección primera y que aporta como principal novedad la de ordenar la imputación de López-Sors. Quien haya leído mis columnas anteriores sobre este caso comprobará que el razonamiento de la Audiencia coincide con el análisis jurídico-penal expuesto en ellas, análisis que también es el de todos los (muchos y muy cualificados) especialistas en Derecho penal con los que he consultado la cuestión.

No es ésta la ocasión, pues, para volver sobre los pormenores técnico-jurídicos del caso, pero sí para valorar la importancia y el mérito que posee esta resolución judicial, avalada por tres magistrados de larga trayectoria profesional, de reconocido prestigio y de probada independencia. El hecho de que en dicha resolución se expongan con rigor los conceptos jurídicos que enseñamos en las facultades de Derecho nos devuelve una parte de la confianza perdida en la actual justicia penal española, que atraviesa uno de los momentos de mayor descrédito desde la restauración de la democracia.

Los magistrados han evitado que se consumase una de las mayores injusticias

Ahora bien, la trascendencia de la resolución se acrecienta si se tiene en cuenta que viene a corregir, con la contundencia que merecía, un auto inaudito de la juez instructora, respaldado increíblemente por la fiscalía. Pero es que, además, dicha resolución rechaza la pretensión del Gobierno español, que, primero con el mandato del PP y después con el del PSOE, había dado orden a la abogacía del Estado de solicitar el sobreseimiento de las actuaciones contra López-Sors (solicitud apoyada por la actual Xunta de Galicia), porque, entre otras razones menos confesables, ello permitiría evitar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado español.

Precisamente, esta última razón fue el principal recurso dialéctico utilizado por algunos medios de comunicación para orquestar una campaña dirigida a manipular a la opinión pública, campaña que obviamente no iba acompañada de un solo argumento jurídico-penal válido, sino simplemente de un alud de interpretaciones disparatadas, falacias e incluso graves injurias proferidas hacia quienes solicitaban la imputación de López-Sors. En algunos casos, como sucedió con un conocido personaje, premiado después por el Partido Popular de Galicia, el chantaje se exponía con la más zafia tosquedad: había que exculpar a López-Sors porque, sencillamente, de lo contrario los españoles tendríamos que pagar la catástrofe con nuestros impuestos.

Ante esta aterradora forma de entender lo que es la justicia y el derecho, se corrobora la relevancia del auto de la Audiencia para el mantenimiento del propio Estado de derecho. Un auto que, por lo demás, no prejuzga la culpabilidad de López-Sors, porque en esta fase procesal lo único que se dirimía (y esto no podrá ya ser nunca corregido por instancia judicial alguna) era si existía "un mínimo grado de probabilidad indiciaria" (como dice nuestro Tribunal Supremo) en los hechos imputados a López-Sors. Y, sinceramente, ello resulta muy elemental para cualquiera que tenga unos rudimentarios conocimientos de Derecho penal.

En las facultades de Derecho de toda Europa se sigue relatando un caso sucedido hace más de dos siglos, cuando, con el fin de construir el palacio de Sans-Souci en la ciudad de Potsdam, Federico II el Grande, rey de Prusia, quería derribar un molino y le hizo a su modesto propietario una oferta para comprárselo. Ante la respuesta negativa del molinero, el rey lo amenazó con expropiarle el molino. Sin mediar palabra, el molinero montó en su caballo, y, al preguntarle el rey adónde iba, aquél replicó: "Es gibt noch Richter in Berlin" ("Todavía hay jueces en Berlín"). Ni que decir tiene que el molino se mantiene en pie todavía hoy junto al palacio.

Al ordenar que López-Sors sea juzgado, los magistrados de la Audiencia -apoyados en un impecable razonamiento jurídico- han evitado que se consumase una de las mayores injusticias que yo haya conocido; y además en un caso que en el futuro se estudiará en las facultades de Derecho. Y lo han hecho pese a las presiones a las que estaban sometidos y a sabiendas de que su resolución no iba a ser del agrado de personas e instituciones poderosas, que tienen influencia en el otorgamiento de ascensos, cargos y premios de muy variado pelaje. Toda una lección para algunos. ¡Afortunadamente, todavía hay jueces en la Audiencia de A Coruña!