Los bomberos seguirán contratados por empresas

La Consellería de Presidencia mantendrá la gestión de los parques comarcales de bomberos en manos de empresas privadas que prestan el servicio y pasan la factura a los consorcios (integrados por la Xunta y las diputaciones provinciales). La medida supone una ruptura con los planes del bipartito que, tras las masivas protestas de los colectivos de emergencias durante la pasada legislatura, mudó su posición inicial y se comprometió a elaborar un plan director pactado con las diputaciones que apostase por la gestión directa en los 10 nuevos parques de bomberos que el Gobierno gallego proyecta abrir en los próximos meses.

Los planes del anterior Ejecutivo pasaban además por aguardar a que expirasen las adjudicaciones firmadas por los Gobiernos de Fraga a empresas de jardinería o carroceras de vehículos, para rescatar las concesiones y convertir los parques en verdaderos servicios públicos con personal contratado desde la Administración.

El cambio de Gobierno ha dado al traste con esos proyectos. Fuentes próximas al departamento que preside Alfonso Rueda aseguran que "el modelo de contratación" elegido cuando el PP estaba en la Xunta, único en España, "sigue siendo válido" y abogan por "ir mejorando paulatinamente las condiciones laborales de los profesionales" que integran los colectivos de emergencias. Presidencia se compromete a homologar la formación de los bomberos a través de cursos en la Academia Galega de Seguridade. Rueda no está sólo en este planteamiento que gusta especialmente a José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, y a su homólogo en Pontevedra, Rafael Louzán, quien boicoteó sistemáticamente los avances en materia de emergencias del Gobierno anterior, negándose incluso a participar en reuniones.

El modelo ni siquiera incomoda a las diputaciones de A Coruña y Lugo, en manos del PSOE, por lo que supone de ahorro el sistema privado de contratación frente al público. Más cuando la decisión sobre la fórmula a emplear se adopta en el actual contexto de crisis.

Entretanto, los sindicatos amenazan con nuevas movilizaciones previstas para el mes que viene. Sus reivindicaciones no son únicamente por los bajos salarios -si se comparan con los bomberos funcionarios con quienes a menudo comparten mangueras- que pagan las empresas privadas que los contratan. Los sindicatos reclaman un "verdadero sistema público" que ponga fin a la falta de medios humanos y materiales que sufren los actuales parques y que quedan en evidencia cuando se produce una catástrofe.

Profesional y homogéneo

Reivindican a su vez un estatuto profesional que convierta a los bomberos en agentes de la autoridad, y les confiera potestades para tomar decisiones sobre desalojo de edificios, control de tráfico y otras cuando se produce un siniestro, que hasta ahora le son negadas. Para afrontar la remodelación del servicio de emergencias, la Xunta cuenta con el mandato del Parlamento, pactado por todos los grupos hace sólo unas semanas, para que ponga en marcha "un sistema homogéneo y profesional de gestión".

La frase es tan abierta como interpretable. Ya entonces, en la comisión parlamentaria de Xustiza e Interior que abordó este asunto, la diputada popular Paula Prado, advirtió que el modelo lo elegirá cada uno de los cuatro consorcios provinciales. Y ahí Rueda tiene la última palabra.