Ripoll exige a Camps medidas ante el escándalo de la trama Gürtel

El sector zaplanista del PP en la Comunidad Valenciana dio ayer un paso al frente. El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, pidió abiertamente que se adopten medidas para atajar los escándalos de corrupción que sacuden a los populares valencianos.

"Si hay problemas o manzanas podridas lo que hay que hacer es quitarlas cuanto antes", aseguró Ripoll, que reconoció que "ahora ya no se trata de filtraciones sino de algo bien recogido en un sumario que parece que tiene credibilidad". El también presidente de la Diputación de Alicante, que está enfrentado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, insistió en que los votantes están solicitando "que se tomen medidas ya".

Un diputado admite que ha cambiado el Rolex por el Casio tras el escándalo

"Nuestros votantes nos lo están pidiendo, nos quieren seguir votando porque confían en nosotros y que eliminemos aquello que está estropeando el proyecto político que defiende una mayoría abrumadora de ciudadanos", recalcó Ripoll, que abogó, si es necesario, por convocar "a los responsables políticos de los territorios afectados" para fijar una hoja de ruta de acuerdo con la dirección nacional del PP para solucionar los escándalos.

Ripoll reconoció haberse quedado "estupefacto" después de conocer que, en la parte del sumario del caso Gürtel hecha pública, hay una conversación del número dos del PP, Ricardo Costa, el vicesecretario de Organización, David Serra, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la que hablan de meter al presidente del PP alicantino en un furgón policial.

El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, fue el encargado de intervenir para lastrar el discurso de Ripoll, aunque los populares castellonenses tampoco ocultan su preocupación por los efectos de los escándalos que afectan a Camps y a varios miembros de la dirección regional y el Consell.

Tras insistir en su respaldo al presidente de la Generalitat, Fabra -que está imputado por varios delitos contra la Administración y delito fiscal- admitió: "Cuando se demuestre que alguien tiene responsabilidades por alguna cuestión ilegal, es evidente que habrá que tomar las medidas adecuadas".Para el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, si hay ilegalidades habrá que tomar medidas, "pero no porque lo digan cuatro conversaciones telefónicas, que no sabemos siquiera de su legalidad o si han sido no manipuladas". "Mientras tanto, yo presumo que todos son inocentes", insistió Fabra.

"Las manipulaciones mediáticas me las creeré cuando haya un juicio, se condene a alguien y sea declarado culpable, y mientras tanto no me lo creeré. Y hablo por propia experiencia", sentenció el presidente de la Diputación de Castellón.

Sin embargo, el malestar, como demostró la portavoz popular en Elche, la campista Mercedes Alonso, está generalizado. "El que haya hecho algo tendrá que asumir sus responsabilidades, sea quien sea y caiga quien caiga", afirmó Alonso, incluso cuando se le preguntó sobre si su afirmación incluía a Ricardo Costa.

Aún así, el campismo dedicó parte de sus esfuerzos a intentar contrarrestar la andanada del zaplanismo para evitar que cundiese el ejemplo entre las filas populares. Y, mientras, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se dedicó a blindar sus posiciones frente a las presiones de la dirección nacional del PP. El jefe del Consell mantuvo contactos con otros dirigentes del PP nacional, miembros de su Gobierno y personas de su confianza, como la alcaldesa Rita Barberá.

El pulso de la jornada se centró en la defensa del secretario general y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, a quien María Dolores de Cospedal, secretaria nacional del PP, puso a los pies de los caballos al afirmar: "Con independencia de que sean punibles o no penalmente, no compartimos que se reciban ese tipo de regalos".

Costa tuvo que pasar la mañana intentando convencer a propios y extraños de que el reloj exclusivo, de más de 20.000 euros, que le regaló el ex alcalde de Alicante Luís Díaz Alperi no tenía relación con la trama corrupta de El Bigotes. Igualmente, Costa aportó documentos para justificar que el coche de lujo Infiniti, para el que le hicieron gestiones algunos de los imputados del caso Gürtel, se lo pagó íntegramente de su dinero.

Finalmente, el número dos del PP valenciano logró que Génova emitiese un comunicado, ex profeso, en el que le salvaban la cara y se daban por satisfechos con sus explicaciones. Costa logró por segunda vez en menos de una semana zafarse de la presión del PP nacional gracias al cierre de filas decretado por Camps.

El Consell, a través de la portavoz Paula Sánchez de León, también emitió un comunicado para negar que el contenido de las conversaciones de El Bigotes referido a la gestión de la Generalitat sea verdad y tenga base probatoria.

La estrategia de los populares volvió a consistir, un día más, en retrasar el listón de las responsabilidades políticas y éticas de la dirección regional y del Consell. Así, distintos cargos del partido se apuntaron a la teoría de la "orgía de cotilleos", a su falta de valor probatorio y a la inexistencia de sentencias judiciales en firme.

Sin embargo, los escándalos ya hacen mella en los cargos populares, que intentan evitar que se les pueda confundir con los modos y maneras de sus jefes, salpicados por los escándalos del caso Gürtel.

Tanto es así, que ayer un diputado del PP en las Cortes Valencianas reconoció que había guardado en un cajón el Rolex que le regaló su padre cuando logró la licenciatura y lo había sustituido por un reloj de plástico. Pocos se atreven a hacer ostentación de relojes de lujo estos días en las filas del PP.