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El CGPJ desautoriza a los jueces de Málaga en la pugna por el garaje

El consejo anula sendos acuerdos del presidente de la Audiencia y del decano

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, ha dado todo un varapalo al colectivo en Málaga y le ha quitado la razón en el conflicto que mantiene con la Junta de Andalucía y los funcionarios por el uso del aparcamiento interior de la Ciudad de la Justicia.

La comisión permanente del CGPJ acordó ayer dejar sin efecto los acuerdos que adoptaron el pasado 8 de julio el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Arroyo Fiestas; y el entonces juez decano, José Manuel Caballero Bonald, en los que atribuían el derecho de uso de los aparcamientos subterráneos del edificio de forma excluyente a jueces y magistrados. La permanente del Consejo, que tiene entre sus competencias el control de la legalidad de las decisiones de los jueces, considera que tanto el presidente de la Audiencia como el decano se excedieron en las competencias que tienen atribuidas sobre el uso de los edificios judiciales, por lo que los mencionados acuerdos "no se ajustan a la legalidad".

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Más allá de anular los acuerdos de los dos jueces de Málaga con mando jurisdiccional en sus estrictos términos, la intervención del CGPJ debilita además el argumentario de los magistrados y fiscales en la disputa que mantienen con los funcionarios por el uso del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia. Y es que el órgano de gobierno de los jueces entiende que se trata de un asunto que excede el ámbito en el que los jueces decanos pueden tomar decisiones sobre el uso de medios materiales y locales.

El acuerdo ahora suspendido por el CGPJ fue argumentado por la juez Teresa Sáez para poner una denuncia hace una semana contra un agente de la Guardia Civil que le impidió el acceso al aparcamiento subterráneo porque estaba completo.

El protocolo de usos del edificio elaborado por la Consejería de Justicia permite que las 166 plazas de aparcamiento subterráneo sean utilizadas por orden de llegada del personal hasta completarse independientemente del rango y la categoría profesional de cada cual. Los que lleguen más tarde disponen de un estacionamiento al aire libre gratuito con 1.500 plazas en un solar contiguo a la Ciudad de la Justicia.

Los jueces y fiscales no se resignan y aducen razones de seguridad para reivindicar el derecho al uso preferente del aparcamiento subterráneo. De momento la Junta no cede, y según los sindicatos la decisión del CGPJ le da un espaldarazo que debe servir además para cerrar definitivamente el conflicto.

Ayer, la Subdelegación del Gobierno en Málaga negó haber dado ninguna orden para que la Guardia Civil acotara el lunes 60 plazas del aparcamiento subterráneo para uso de jueces y fiscales, algo que ocurrió durante dos horas, hasta que la Consejería de Justicia intervino.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de octubre de 2009