El necesario pacto por la educación valenciana

La educación valenciana comienza en estas fechas un nuevo curso, con una consejería gastada. ¿Con las mismas políticas? Sería deseable que no. Sería deseable que abandonáramos, cuanto antes, el acomodamiento en la crítica rutinaria por la extravagante arbitrariedad de "la EpC a la valenciana", para abordar, con diligencia, la necesidad de alcanzar un pacto por la educación valenciana que posibilite la recuperación de la confianza entre la Administración y la sociedad valenciana, a fin de afrontar de manera efectiva los graves problemas y deficiencias de nuestro sistema educativo.

La educación es una materia tan sensible que no puede regirse desde planteamientos políticos e ideológicos parciales, por muy valiosos que puedan considerarse éstos. Es la sociedad valenciana entera, con sus tendencias ideológicas y culturales diversas, la que debe ocuparse de su Sistema de Educación y Formación, evitando que éste sea moldeado cíclicamente en consonancia con los vaivenes electorales. No obstante, no se trata sólo de sentar unas bases sólidas para un sistema educativo de amplia proyección de futuro, que permita la estabilidad y continuidad de sus aspectos sustanciales. Se trata, también, de corregir el rumbo de un sistema escolar que muestra señales de caminar sólo, de espaldas a la sociedad del conocimiento y sin saber muy bien hacia dónde. Olvidando que cuando no se sabe adónde se va, se corre el riesgo de no llegar nunca.

"La educación no puede regirse desde planteamientos políticos e ideológicos parciales"

Un gran pacto social y político por la educación valenciana vertebrado en torno a aspectos como los siguientes: 1) Una legislación educativa propia, la Ley Valenciana de Educación, inteligente, estable, de amplia base parlamentaria y social, compatible con políticas educativas diferenciadas, y cuyas modificaciones precisen de mayorías cualificadas. 2) Una mejora sostenida de la inversión en educación que sitúe el gasto público por alumno, en el 2020, en 5.000€ (4.259€ en 2005). 3) Reforzar la implicación municipal en los asuntos educativos: servicios complementarios (transporte, comedor), aulas matinales, actividades extracurriculares, programas de refuerzo y acompañamiento para los alumnos con dificultades, etc. 4) Un gran acuerdo entre escuela pública y escuela privada concertada, sustentado sobre el compromiso con el principio de equidad, garantía de una escolarización equilibrada de los alumnos con dificultades, y con el principio de libertad de las familias para la elección de centro.

Unas medidas de hondo calado, acompañadas de "otras más educativas": a) Un plan estratégico para combatir el bajo rendimiento escolar valenciano, incrementando la capacidad cualificadora de nuestra educación en las competencias clave para la sociedad del conocimiento (matemáticas, cultura científica y digital, comprensión lectora y plurilingüe), y, elevando para 2020 nuestra tasa bruta de graduación a los 16 años hasta el 75% (60% en 2006); b) otro, dirigido explícitamente a la mejora significativa de la capacidad inclusiva del sistema escolar valenciano, con las miras puestas en elevar, para 2020, nuestra capacidad escolarizadora en el primer ciclo de Ed. Infantil al 25% (el 12% en 2006), y en las enseñanzas postobligatorias (¡la FP!) al 75% (el 61% en 2006); c) un sistema estable de pilotaje y monitorización de la educación valenciana, que proporcione información consistente de su evolución y diagnósticos inteligentes, a fin de que la Administración pueda adoptar o impulsar las decisiones adecuadas para mejorar la excelencia y equidad de nuestros centros; d) fortalecimiento de las escuelas públicas, potenciando la autonomía institucional y la rendición de cuentas de éstas, así como reforzando la capacidad de liderazgo de unos equipos directivos seleccionados con criterios profesionales; e) reforzar la autoridad responsable y la consideración social del profesorado, así como la mejora de sus competencias profesionales, a fin de afrontar con responsabilidad las exigencias de las escuelas del siglo XXI, y, f) fortalecer el perfil y código profesional de la Inspección Educativa, un órgano de la administración básico para pilotar inteligentemente las escuelas valencianas hacia la excelencia y la equidad.

La sociedad valenciana demanda, y merece, que seamos capaces de superar la comprensión del fenómeno educativo como un bien privativo, ya sea cultural o político, y de armonizarla con una comprensión abierta del mismo como un fenómeno público que afecta por igual a toda la Comunidad. ¿Sabremos estar a la altura del reto?

Vicente Díaz es el presidente de la asociación de inspectores educativos Adide.