Industria podrá vetar a las grandes superficies

La Xunta seguirá manteniendo cierto poder de decisión sobre la instalación de grandes superficies comerciales si sale adelante el anteproyecto que modifica la normativa autonómica sobre Comercio Interior, de 1988. El Parlamento necesita aprobarla antes del 31 de diciembre para adaptar la legislación autonómica a la Directiva Europea de Servicios, que se suponía iba a eliminar las barreras para la implantación de grandes distribuidoras.

El borrador, colgado ayer en la web de la Consellería de Economía, establece que estarán sujetos a licencia autonómica los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados "por el impacto territorial, urbanístico, viario y medioambiental generados". Basándose en cinco criterios, la Xunta podrá denegar los permisos a proyectos que incumplan las condiciones urbanísticas del ayuntamiento donde se asienten o las de accesibilidad (una plaza de aparcamiento por cada 20 metros cuadrados, que equivalen a 125 plazas para un supermercado de 2.500 metros).

Otro de los requisitos indispensables que tendrán que acatar las empresas es el del medio ambiente. Se valorarán proyectos que reduzcan los ruidos, emitan menos gases contaminantes o produzcan menos residuos. El último criterio a tener en cuenta primará aquellos establecimientos que promuevan el transporte público, tengan guarderías, ludotecas o salas de lactancia.

También se modifica la composición de la Comisión de equipamientos comerciales, un órgano consultivo que ahora se transforma en Comisión Interadministrativa y deja fuera a representantes de cámaras de comercio y asociaciones de empresarios. A cambio, da entrada a expertos de las universidades y consumidores.

Ley de Comercio

La dirección general de Comercio, que dirige Nava Castro, trabaja paralelamente en una nueva ley para el sector. El bipartito intentó sacar adelante la suya, pero su borrador fue rechazado por la Federación de Comercio porque exigía la rotulación en gallego.

El proyecto de la actual Consellería de Industria eliminará el requisito que levantó ampollas entre muchos comerciantes. Su intención es aprobar la normativa en marzo y con el consenso del sector, para lo que afirma haber empezado a trabajar "desde el inicio del mandato".