El nuevo juez de 'Astapa' reactiva el caso con nuevas declaraciones
El juez Jesús Torres, nuevo titular del juzgado número 1 de Estepona (Málaga) reactivó ayer el caso más célebre de su plaza, la trama de corrupción municipal que investiga el caso Astapa, con la toma de nuevas declaraciones. Torres, que lleva apenas un par de meses en este nuevo puesto, citó a varios imputados a los que interrogó en presencia del fiscal anticorrupción, Valentín Bueno.
Estas testificales se unen al trabajo realizado por la juez auxiliar Virtudes Molina, que se quedó al frente del juzgado tras la marcha de la principal instructora, la juez Isabel Conejo, el pasado diciembre a un nuevo destino.
Torres, recién salido de la escuela judicial, ha asumido con ánimo un caso complejo, en el que serán fundamentales los informes de expertos en urbanismo y el análisis detallado de los convenios que firmó el Consistorio esteponero. "No ocurre como en el caso Malaya, donde las conversaciones telefónicas eran muy explícitas, aquí habrá que hacer un estudio muy minucioso de toda la documentación", explican fuentes conocedoras del sumario.
Contra la corrupción
Tres asociaciones de vecinos, la plataforma ciudadana Rosas Rojas y CC OO convocaron ayer en Estepona una manifestación "por la dignidad de la localidad y contra la corrupción". "El nombre de nuestro municipio está asociado a la corrupción y nada mejor que los propios vecinos seamos los primeros en repudiarla", aseguran los convocantes. La protesta, que arrancó a las 21.00 en la Plaza Antonia Guerrero, reunió a unas 1.000 personas, según cálculos de la Policía Local.
En los últimos días, la defensa de uno de los empresarios imputados ha solicitado al juez la nulidad de las actuaciones y la imputación de los denunciantes del caso, el actual alcalde David Valadez (PSOE) y la concejal Cristina Rodríguez, del mismo partido.
El imputado considera en su escrito que los dos ediles socialistas han participado "por acción u omisión" en "la práctica totalidad de los asuntos que se denuncian", por lo también son en parte responsables. El caso supera los 60 implicados, entre los que se encuentra el anterior alcalde socialista Antonio Barrientos, hoy fuera de la policía, ocho concejales, técnicos y empleados municipales.
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