La Xunta batallará para defender las cajas de absorciones foráneas

Es el paso previo a acudir a los tribunales y denunciar ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno central invade competencias de la Xunta con el decreto ley aprobado en junio que regula el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB). O una forma de ganar tiempo, dado que el plazo para presentar ese recurso expira el próximo 27 de septiembre. El Gobierno gallego solicitará al Ejecutivo de Zapatero que convoque la comisión bilateral Xunta-Estado para renegociar los términos legales del FROB. Dos conselleiros, el de Presidencia, Alfonso Rueda, y la de Facenda, Marta Fernández Currás, comparecieron ayer para anunciarlo tras inaugurar una comisión permanente recién creada para vigilar que las normas del Ejecutivo central o de cualquier otra comunidad autónoma no vulneran la jurisdicción de la Xunta.

El 27 de este mes expira el plazo para presentar recurso ante el Constitucional

El objeto de la disputa es el derecho que se reserva el Banco de España para tutelar -sin participación alguna de las autonomías- la "fusión o disolución" de las cajas de ahorros" que soliciten ayudas a ese fondo de 9.000 millones de euros que el Gobierno central ha puesto a disposición de las entidades con problemas. La norma impediría el derecho de veto que le otorga a la Xunta la Lei de Caixas a cualquier operación de absorción o fusión que afecte a Caixa Galicia y Caixanova.

Tanto el propio Feijóo, como su equipo económico, han avanzado ya que la Xunta peleará con todas las armas legales para garantizar la galleguidad de las cajas, unidas o por separado. Ese derecho de veto del Gobierno gallego sería ahora papel mojado en el caso de que una caja foránea y una gallega decidieran fusionarse y financiar la operación con el nuevo fondo que ha creado el Banco de España. Y todo después de que un informe interno de Caja Madrid revelase su interés por absorber a Caixa Galicia y la CAM valenciana.

Antes de que la Xunta acuda al Constitucional, una amenaza que continúa latente, Rueda abogó ayer por "intentar arreglar las discrepancias de manera pacífica".

Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que lo que se pretende es obtener garantías de que en caso de que surgiese una operación en la que esté involucrada Caixa Galicia o Caixanova el Banco de España no la autorará en contra del criterio de la Consellería de Facenda. Tal y como está redactado el decreto de creación del FROB, la Xunta sólo debería emitir un "informe no vinculante". Otras comunidades como Cataluña que se basa en un informe que firma el consejo consultivo o Aragón barajan medidas similares a las que defiende la Xunta.

Entretanto, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, siempre ha defendido que el decreto ley "es plenamente respetuoso" con el reparto competencial. Salgado defiende la normativa como un "instrumento ágil y eficaz" del Banco de España para ayudar a entidades en riesgo.