Más impuestos, más justicia

Un millón de españoles no tienen qué llevarse a la boca. Están parados y han agotado las prestaciones por desempleo. Ellos son quienes más están sufriendo una crisis generada en los enmoquetados despachos del poder financiero.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó en agosto una ayuda de 420 euros mensuales para una tercera parte de ese millón de desesperados (340.000 personas). Lo cobrarían durante seis meses y deberían seguir cursos de reinserción laboral. El coste para el Estado sería de 642 millones de euros.

Los partidos de izquierda y los sindicatos reclamaron que esa modesta prestación abarcara al total de los trabajadores sin cobertura alguna. Ayer alcanzaron un importante acuerdo con el Gobierno: tendrán derecho a esa ayuda todos los que dejaron de percibir prestaciones a partir del 1 de enero, y no desde el 1 de agosto, como había previsto el Ejecutivo. Resultado: serán 650.000 los beneficiarios del subsidio, que le costarán al erario 1.340 millones de euros.

Algunos se preguntan de dónde saldrá el dinero, si el Estado está endeudado hasta las cejas. Porque, curiosamente, se cuestiona más este tipo de ayudas que, por ejemplo, las percibidas por la banca.

Si se quiere mantener el gasto en sanidad, en educación, y en todos los ámbitos que han hecho envidiable un moderno Estado de bienestar, y no hay más recursos, habrá que recurrir a los impuestos. Que paguen más quienes más ganan.

Los datos de Hacienda son concluyentes: 746.000 españoles declararon en 2007 unos ingresos por encima de los 60.000 euros. De ellos, casi 100.000 ganan entre 150.000 y 600.000 euros y unos 10.000 obtienen ingresos por encima de los 600.000 euros (recuerden: 100 millones de pesetas).

Para estos privilegiados, aportar fondos para, por ejemplo, ampliar el subsidio de 420 euros a quienes no tienen absolutamente nada, significaría un mínimo esfuerzo fiscal: entre el 2% y el 0,4% de sus ingresos.

Pero los apóstoles de lo que el premio Nobel de Economía Paul Krugman llamaba en este periódico la derecha rabiosa (cuando no gobierna) han vuelto a las andadas: subir impuestos generará más paro, dicen; al contrario, hay que bajarlos.

Regresan a lo que Krugman ha bautizado como la doctrina zombi, el reaganismo, el capitalismo salvaje que sostiene que el mercado lo arregla todo y cuantos menos impuestos, mejor. Una teoría que, por fracasada, debería haber muerto. Porque este paro es hijo suyo.

Esa bajada de impuestos ahondó las diferencias: entre 1980 (llegada de Reagan al poder) y 2007 (inicio de la crisis), la renta del 1% de los estadounidenses más ricos se multiplicó por siete. Por el contrario, las rentas de las clases medias crecieron solo un 22%.

En España ha sucedido lo mismo. O peor. Porque aquí el fraude fiscal está muy extendido. Es sorprendente este dato del Ministerio de Hacienda: el 75% de los empresarios se declaran mileuristas. Asombroso, ¿no?

Combatir el fraude y, si es preciso, subir impuestos en tiempos de crisis a quienes mejor pueden soportarlos, es una verdadera opción de izquierdas. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, asegura que no subirá impuestos. Tampoco los bajará, como piden Cristóbal Montoro y Javier Arenas, cualificados apóstoles andaluces de la derecha rabiosa. Por cierto que el superior de ambos, Mariano Rajoy, anuncia sermón en el velódromo de Dos Hermanas, el día 27, "por el empleo y contra la subida de impuestos".

Griñán sabrá cómo cuadra sus cuentas. Pero deberá tener presente las necesidades futuras de los 803.137 parados andaluces, según datos del Inem. Es cierto que la Junta no tiene competencias en materia de prestaciones por desempleo. Pero no podrá dejar tirados en la cuneta a esos miles de andaluces cuando no tengan qué llevarse a la boca.