Las instalaciones policiales de Algeciras se saturan de vehículos incautados

Las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil del Campo de Gibraltar están hasta los topes de coches, motocicletas, camiones, autobuses y embarcaciones. El motivo es la negativa de los cuatro depositarios judiciales de esta zona gaditana a realizar su labor. Desde el 1 de agosto no recogen vehículos incautados porque, según Estela Villalobos, portavoz de los empresarios, la Consejería de Justicia les debe 47,5 millones de euros por la prestación del servicio de recogida y custodia de los bienes incautados por las fuerzas de seguridad.

Los propietarios de Grúas Ayudauto, Grúas Prieto, Grúas Arquería y Villalobos Asistencia tienen intención de continuar con esta actitud hasta que la Junta acepte reunirse con los empresarios para, al menos, trazar un calendario de pago. "Apostamos por el diálogo, para buscar una solución al problema, pero en caso de que a finales de septiembre no se haya producido la respuesta que esperamos, no descartamos acudir al Contencioso administrativo", afirmó Estela Villalobos, quien añadió que en el Campo de Gibraltar se "realizan unas 100 aprehensiones semanales".

Los depósitos privados aseguran que la Junta les debe 47,5 millones

El delegado provincial de Justicia en Cádiz, Domingo Sánchez Risso, sostuvo ayer que es consciente "de que hay que sentarse a negociar" y se está "buscando la fórmula". Sánchez Risso añadió que "desde hace meses se trabaja con la Fiscalía General del Estado y con el TSJA para la firma de un protocolo que permita optimizar los recursos presupuestarios que hay".

Los propietarios de los depósitos mostraron además su rechazo al protocolo de cobro establecido por la Consejería de Justicia en el año 2002, ya que, "hace casi imposible la recaudación del dinero a causa de la burocracia".

Hasta ahora, los depositarios no cobraban los bienes custodiados hasta que no salían del almacén, por lo que, en los 70.000 metros cuadrados de estos cuatro depósitos, se acumulan vehículos desde 1993. Actualmente, hay en dichos depósitos 1.748 bienes, de los que 350 son anteriores a 2006 y los 1.398 restantes de los últimos tres años. Esta circunstancia se debe a que, según explicó Villalobos, "en diciembre de 2007, el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó que se peritasen todos los bienes aprehendidos hasta el año 2006, procediéndose a la destrucción de 4.303, pertenecientes a los cuatro depósitos del Campo de Gibraltar. De estos, 3.254 eran vehículos, camiones y ciclomotores y el resto, 779, eran embarcaciones". "Un año después se alcanzó un acuerdo con la Junta para abonar la deuda contraída por el mantenimiento de éstos hasta su destrucción, pero aún no se ha hecho efectivo el pago", añadió la portavoz. Es por esta cuestión por la que los depositarios reclaman los 47,5 millones de euros. Respecto a la deuda, la Junta indicó que "deberán ser los secretarios judiciales y los peritos correspondientes los que la cuantifiquen y la depuren".