La Junta pagará por el crimen de un menor bajo su tutela

Pedro Martínez, de 55 años, era indigente y vendía ramilletes de rosas en el centro de Huelva. El 17 de diciembre de 2008, un menor que se había escapado hacía 14 días de una residencia tutelada por la Junta, le golpeó con un palo hasta matarlo. Quería robarle un dinero que acababa de cobrar. El joven, de 17 años, se había escapado de múltiples centros de protección entre Cataluña y Andalucía desde 2001.

El Juzgado de Menores de Huelva ha observado la "negligencia" de la Administración andaluza en la vigilancia del acusado y le ha condenado a pagar 60.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima, que tenía 55 años. La Junta ha recurrido la sentencia, cuyo contenido adelantó en su edición de ayer Huelva Información. El juez detalla que la Administración andaluza emitió en agosto de 2007 la correspondiente resolución de desamparo del menor, por la que se privaba al padre de su guardia y se hacía cargo de la misma.

Bienestar Social considera "excesiva" la multa y ha recurrido el fallo

El acusado, que ya ha cumplido los 18 años, tenía 21 diligencias pendientes. La sentencia dice textualmente: "Está claro que los responsables de la custodia del menor eran las entidades tutelares que la tenían atribuida legalmente y venían supervisando al menor desde hacía tiempo y que se habían mostrado incapaces de controlarlo para que permaneciera en los centros donde estaba prevista su residencia".

La Junta, sin embargo, no considera justo el pronunciamiento de juez y califica de "excesiva" la multa. La delegada de Bienestar Social de Huelva, Carmen Lloret, declaró ayer que se había actuado en todo momento siguiendo los protocolos correspondientes. "El menor estaba en un centro de protección que no es un lugar cerrado, sino un espacio que debe dar a los menores la protección con la que no cuentan debido a su situación familiar", indicó la responsable. La Junta ya ha recurrido la sentencia. "No es obligación de la Delegación de Igualdad determinar si los jóvenes que están en un centro de menores son delincuentes o no", continuó Lloret.

La hija de la víctima, Rocío Martínez, calificó ayer de "vergonzosa" la actitud de la Junta. El hombre había nacido en Barcelona y vivió allí con su esposa e hijos hasta que "comenzó con los problemas del alcohol", explica su hija, por teléfono desde Cataluña. Unos días antes del asesinato, Martínez había recibido un sobre con "bastante dinero" y los "compañeros" que compartían manta y botella en la plaza de la Soledad de Huelva, lo sabían. Uno de ellos pudo ser cómplice del menor y está a la espera de juicio. El joven fue condenado a ocho años de internamiento y cinco más de libertad vigilada.