La Fegamp prepara una tasa única de basura y agua para todos los municipios

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se ha propuesto equiparar los recibos del agua y la basura en todos los ayuntamientos gallegos para que las tarifas no dependan de la voluntad de cada alcalde y empiecen a ajustarse al coste real de los servicios. La Fegamp ultima un borrador de ordenanza única que enviará a todos los ayuntamientos a la vuelta del verano en el que propone igualar los recibos que llegan a los hogares de toda la comunidad. En palabras de su presidente, el socialista Carlos Fernández, se trata de evitar "el dumping fiscal" entre ayuntamientos que beneficia a los municipios con los precios más bajos y sobre todo a aquellos que todavía no facturan estas tasas a sus vecinos.

Algunas localidades ni siquiera cobran impuestos por los servicios

En la provincia de Lugo, pueblos pequeños como Paradela, Muras, Ribas de Sil o Ribeira de Piquín ni siquiera repercuten el coste del tratamiento de los residuos entre sus habitantes. Lo mismo sucede en otros pequeños pueblos de Ourense y el interior de A Coruña y Pontevedra. La realidad contrasta con las ordenanzas municipales de las villas medias, donde un hogar unifamiliar paga unos 70 euros al año por este concepto. El importe es todavía mayor en las ciudades.

La propuesta de la Fegamp baraja aplicar una horquilla de precios para toda Galicia que seguirá tramitando cada ayuntamiento y hacerlo de acuerdo con la ley que obliga a que los alcaldes elaboren un estudio financiero sobre el coste real de los servicios, que no es exactamente igual en todas partes.

Según Fernández, el abanico de tarifas que se fijará sólo recogerá pequeñas variaciones entre unos territorios y otros. En el caso de la tasa de basuras, la mayoría de ayuntamientos (cerca de 300, de los 315 que hay en Galicia) tratan sus residuos en Sogama, que cobra 60 euros por tonelada. De ahí que las diferencias de precio sólo puedan surgir, según el presidente de la Fegamp, del modelo elegido por cada alcalde para gestionar la recogida y que dependerá básicamente de si ésta se subcontrata, se mancomuna con otras instituciones o de si son los propios funcionarios municipales quienes acometen estos trabajos.

En el caso de abastecimiento de agua, será más fácil equiparar el impuesto en toda Galicia, dado que la inmensa mayoría de los municipios han optado por subcontratar el servicio a empresas concesionarias que ya se encargan de elaborar los estudios económicos.

La propuesta de la federación de municipios busca profundizar en la corresponsabilidad fiscal de los ayuntamientos en una situación de crisis que anticipa un descenso de los fondos que llegan del Gobierno central y de la Xunta. Y todo en un contexto en el que algunos alcaldes empiezan a verse en dificultades para pagar las nóminas de sus funcionarios y que hace peligrar la prestación de servicios a los ciudadanos.

A principios de agosto, los presidentes de las cuatro diputaciones provinciales reclamaron al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un cambio de filosofía que permita dedicar parte del fondo de cooperación local que impulsa el Gobierno gallego a financiar el gasto corriente de los ayuntamientos. Los presidentes de los cuatro organismos provinciales apelaron a la crisis para modificar el uso de ese dinero público que habitualmente se dedicaba a inversión en obras e infraestructuras.