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Columna
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Con la venia

Habitamos, al parecer, un Estado teocrático y nadie había caído en la cuenta hasta que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, apeló el otro día a sus creencias religiosas para desaprobar el informe preceptivo sobre la ley del aborto. A Dívar le designó para el cargo el presidente del Gobierno. Que no es Aznar, sino Rodríguez Zapatero. Y éste eligió al magistrado Dívar, no porque comparta necesariamente sus creencias, aunque a veces da la impresión de que la izquierda achacosa, de mayor, quiere ser de derechas como Dios manda. Así, pues, no consta en los archivos históricos, ni ha salido por la tele, que se haya producido recientemente una revolución de ayatolás, ni siquiera de obispos, y rija un algo parecido a lo de Ahmadineyad en Irán o a lo de sus primos ortodoxos israelíes, pero el caso es que la primera autoridad judicial desaprobó un texto civil por causa de sus creencias. Es posible que la parte menos adormecida de la ciudadanía no se explique que estas cosas ocurran en un Estado moderno, donde a los jueces, como a los gobernadores civiles, bomberos y policías, entre otras funciones públicas, se les recluta supuestamente por sus capacidades y méritos, y no por sus creencias religiosas, una suerte de negociado derogado del orden social por la Ilustración tras aquella famosa revolución francesa, por la que tantos perdieron la cabeza.

Y si no se entiende el asunto de las creencias, o sea, del más allá, en una ley que pretende avanzar en la lucha contra el feudalismo de más acá, menos comprensibles resultan a la legión de profanos en intríngulis judiciales los argumentos del magistrado Juan Montero, del Tribunal Superior de Justicia valenciano, cuando considera que el PSPV -acusación particular en el caso Gürtel- pretende "una especie de batida de montería", porque reclama que se investigue y se interrogue más, y más a fondo, en todo lo relacionado con los cada día menos ilustres imputados de cercanías. Llamar batida de montería a la demanda de pesquisas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales, no parece una metáfora muy afortunada para un juez, aunque la prosa del auto no ande escasa de intención. Debe ser, también, culpa del despiece y reparto del caso entre diversos tribunales, circunstancia asimismo de árida comprensión para los profanos de la burocracia y otras técnicas escapistas al uso.

Verán, señorías, es como si a un astrofísico le encargan investigar la Luna, pero sin considerar al planeta en torno al cual orbita. Se abstenga, además, de relacionarlo con el sistema solar y ni hablar de la Vía Láctea, so pena de que los cálculos siderales acaben pareciéndose a la caza del zorro en la campiña inglesa. Pues vale.

En cambio, llama la atención de la parte menos adormilada del censo que Federico Trillo, el ex ministro que salió ileso de las condenas por no acertar ni una en lo del Yak-42, desde la contratación de chatarra volante hasta la identificación de las 53 víctimas, siga enredando sin pudor, ayer contra Baltasar Garzón, hoy contra policías, mañana ya se verá, para evitar que se sepa, cuanto más mejor, del pringue que tiñe a dirigentes de su partido. Por no hablar de osados como Francisco Camps y Alejandro Font de Mora cuando eluden o se mofan, según el caso, de las sentencias judiciales contrarias a sus extravagancias normativas. Pues ahí siguen, tan impunes. Y no es cosa de creer o no en la justicia, pues comprendan, señorías, que las creencias son otro negociado ajeno al Estado moderno.

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