Espinosa rechaza las propuestas de la Xunta para la depuradora de Vigo

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, rechazó ayer la doble propuesta que le presentó el conselleiro Agustín Hernández para financiar la cuota de 115 millones de euros que le corresponde a la Xunta en la construcción de la nueva depuradora de Vigo. La negativa por parte del ministerio abre una situación "especialmente complicada, más de lo que estaba antes de la reunión", para la Xunta, que señala grandes dificultades para obtener la financiación necesaria y ejecutar una obra cuya realización se hace acuciante para evitar una sanción de unos 20 millones de euros de la Comunidad Europea por la contaminación de la ría de Vigo.

La primera de las propuestas de Agustín Hernández para desbloquear la financiación de la depuradora formulaba que la empresa pública encargada del proyecto, Acuanorte, adelantara los 115 millones, una deuda que la Administración gallega amortizaría en un periodo de 15 a 20 años. Así, la Xunta podría aportar el 25% de su cuota en la obra en los primeros cinco años, incluyendo el actual, y el 75% restante en las anualidades que se acordaran. No fue aceptado.

La planta tendría que funcionar en 2011 para evitar la multa de la UE

La segunda opción de Hernández ponía a Augas de Galicia como organismo intermediario para gestionar los fondos europeos Feder destinados a la obra, de modo que la Xunta los recibiera para, de inmediato, así se cerrara el acuerdo, licitar y ejecutar la obra. Esta opción, según fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, haría que el Estado no perdiera dinero, ya que nunca se previó que aportara fondos propios para la obra, y se ganaría en rapidez y eficacia de gestión, ya que sólo tendrían que intervenir dos administraciones públicas (la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo) y permitiría a la Xunta realizar la programación financiera que estimara conveniente. Tampoco fue aceptado por Espinosa.

El proyecto de la depuradora ha ido acumulando demoras desde que se expresó la voluntad de acometerlo, hace más de cuatro años. Las obras, por citar penúltimos plazos, tenían que haberse licitado en junio del año pasado, pero en esas fechas ni siquiera existía anteproyecto, que fue presentado en noviembre pasado por Elena Espinosa, Emilio Pérez Touriño, a la sazón presidente de la Xunta, y Abel Caballero. Su presupuesto, casi 235 millones de euros. Touriño afirmó entonces que las obras se licitarían antes del verano, pero el relevo en la Xunta alteró drásticamente esas previsiones.

Agustín Hernández declaró hace unas semanas que las obras no podrían comenzar en ningún caso antes de 2010 y, dada su complejidad, tampoco podrían concluir en 2011, fecha límite del plazo otorgado por la Unión Europea para anular el expediente sancionador contra España. El conselleiro afirmó entonces que cabía esperar que en 2011 se pueda certificar un funcionamiento parcial de la planta, con lo que "se podría defender que la situación ambiental de la ría es mejor y con ello evitar la sanción por parte de la UE".

Pero esa solución también requiere de una disponibilidad financiera que el conselleiro dice no haber encontrado al asumir sus responsabilidades en la Xunta. Los compromisos de financiación debían estar registrados en un convenio cuya firma por los responsables de las tres administraciones implicadas (Gobierno, Xunta y Ayuntamiento) se aplazó para después de las elecciones del 1 de marzo.

El convenio no se firmó y por el camino las cifras han ido bailando. A la Xunta, según las últimas cuentas, le correspondería una aportación de 115 millones (48,40%), al ministerio 104 (43,66%) y al Ayuntamiento 18,19 (7,94%). La Xunta, según Hernández, sólo dispone de cinco millones para este este año y otros 36 para gastar hasta 2013. Ahora tendrá que encontrar la manera de obtener el resto, y ya anuncia que será "muy difícil".