El Consejo apuesta por Ángel Juanes para presidir la Audiencia Nacional

Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial reanudarán hoy las negociaciones para nombrar su primer gran paquete de altos cargos de la judicatura. El próximo 26 de marzo quieren designar al presidente de la muy codiciada Audiencia Nacional. Hay 11 afamados jueces en pugna. Pero entre los candidatos a la Audiencia, Ángel Juanes, magistrado progresista del Tribunal Supremo, se perfila como el nuevo presidente.

Estaba previsto relevar ahora también al presidente del Tribunal Superior del País Vasco (que sentó en el banquillo al lehendakari, Juan José Ibarretxe), pero los miembros del Consejo han decidido aparcar este tema hasta abril. Para entonces ya habrá nuevo Gobierno vasco. Ibarretxe ya dijo que trataría por todos los medios de evitar la renovación del actual presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, a quien el sector conservador del Consejo quiere mantener en el cargo. "Piñeiro no seguirá", aseguran fuentes del sector de vocales progresistas.

Baltasar Garzón, los tres jueces que enjuiciaron el 11-M, el actual presidente en funciones y Ángel Juanes (el juez del Tribunal Supremo en quien pensó el PSOE antes de que se cruzara Carlos Dívar para la presidencia del Tribunal Supremo) son seis de los 11 conocidos magistrados que se disputan la presidencia de la Audiencia Nacional.

El sueldo viene a ser el mismo, pero en el caso de Juanes bajaría un escalón desde el Supremo. Juanes es una apuesta de la mayoría de los vocales progresistas, y los conservadores lo apoyarían a cambio de un acuerdo global que incluye un reparto de las plazas a cubrir en el Tribunal Supremo. La minoría de bloqueo es una tenaza. En el grupo progresista, los tres candidatos más sólidos son, además de Juanes, Garzón y el presidente del Tribunal Superior de La Rioja, Ignacio Espinosa.

"Garzón no es el mejor candidato", señalan fuentes del grupo progresista. "Tiene proyección internacional, pero su imagen no suscita consenso, y un puesto de esa categoría requiere el mayor consenso". Aún así, Garzón cuenta con algunos incondicionales en el Poder Judicial, que pelearán por su nombramiento.

El Consejo lo componen 21 vocales, entre los cuales hay dos grandes grupos (nueve propuestos por el PSOE y nueve por el PP) que están obligados a pactar. Para evitar que las negociaciones se estanquen, los vocales buscan un acuerdo global. Aunque hoy vuelven a reunirse, ya han decidido renovar a los actuales presidentes de los Tribunales Superiores de Extremadura, Navarra y Asturias y a los de las Audiencias de Cádiz, Zamora y Pontevedra. Todo lo demás está en el aire.

La designación de la presidencia de la Audiencia Nacional sólo requiere una mayoría de 11 votos, lo que hace a los conservadores prescindibles. Pero éstos, que apoyan al juez Carlos Lesmes para el puesto, apelan al acuerdo global y esgrimen su minoría de bloqueo allí donde sí son imprescindibles.

El escollo ha surgido en las dos plazas vacantes de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Los progresistas tienen candidatos para las dos: una para el presidente de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid y miembro de Jueces para la Democracia, Alberto Jorge Barreiro, y otra para el catedrático Gonzalo Quintero. Los vocales afines al PP quieren una de esas dos plazas para el fiscal Antonio del Moral.

La vacante de la Sala Quinta, de lo Militar, con creces la más desahogada de asuntos del Tribunal Supremo, es de las que más novios tienen.

Candidatas de los progresistas del Consejo son las magistradas Pilar de Prada (Sección Penal de la Audiencia de Madrid) y Clara Martínez (de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y esposa del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido). Martínez cuenta con amplios apoyos en el Consejo, pero despierta rechazo entre los vocales propuestos por el PP. Este Consejo proclamó al constituirse que se ampliarían los canales de selección (se han instaurado las entrevistas personales a los candidatos) para evitar el "amiguismo" en las designaciones. A esta plaza aspiraba el presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, Arturo Beltrán, pero ni siquiera ha sido incluido en la terna de seleccionados pese a ser de procedencia jurídico militar (intervino en el juicio del 23-F).

También es jurídico militar la apuesta de los conservadores para esta vacante de la Sala de lo Militar. Se trata de José Alberto Fernández Rodera, magistrado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Como candidato de consenso emerge entre los vocales del Consejo para esta plaza el ex jefe de los Servicios de Inspección, José María Gil Sáez, de la moderada Asociación Francisco de Vitoria.