Los barones del PP salen en tromba contra el pacto de infraestructuras

Que se cumpla lo que fija una ley orgánica como es el Estatuto y que el Gobierno central y la Generalitat lleguen a un acuerdo para desarrollar infraestructuras no gusta al Partido Popular. Los barones territoriales del PP salieron ayer en tromba contra el pacto del martes entre la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, que significa una inversión extra de 800 millones en infraestructuras de acuerdo con el Estatuto catalán. Eso se añade a los 4.006 millones ya incluidos en los presupuestos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "arreglar por la puerta de atrás" los problemas de algunos españoles "en detrimento" de los madrileños.

Esta "puerta de atrás" es el cumplimiento estricto de la disposición adicional tercera del Estatuto. ¿Y cómo se aplica? Los déficit en infraestructuras se calculan cada año desde 2007. Así, el Gobierno central realiza esta suerte de liquidación analizando el grado de cumplimiento de las inversiones acordadas. Sólo en 2007 quedaron 500 millones de euros quedaron sin asignar. A esta cifra hay que sumarle la cantidad que dejó de gastarse en 2008, que aún no ha sido calculada. Con los 800 millones extra pactados, Gobierno y Generalitat esperan enjugar parte de este déficit de inversión. Casi todas las partidas son para obras concretas que se ejecutarán o, al menos, se iniciarán en 2009.

Pero al PP este sistema le parece casi una perversión, pese a que todos sus dirigentes, cuando visitan Cataluña, insisten en la necesidad de invertir más en infraestructuras. Pero una cosa es su discurso en Cataluña y la otra el que practican sus dirigentes territoriales en otras comunidades.

También se expresó según su supuesto agravio regional el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, que dijo que el acuerdo con Cataluña es una "ofensa" para Andalucía. Otro destacado barón territorial del PP, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, sostuvo que el pacto es "alarmante". El vicepresidente primero de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, calificó de actuación "sectaria e insultante" el acuerdo con Cataluña

La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, al ser preguntada ayer por este periódico al respecto de todas estas declaraciones, evitó contestar, y mucho menos quiso calificarlas. Sánchez-Camacho se limitó, por escrito, a culpar al presidente del Gobierno. "El problema de fondo es que Zapatero no ha arreglado el modelo de financiación y los presidente autonómicos se sienten despreciados y piden recursos para sus comunidades", indicó. Sánchez-Camacho considera "un error haber vinculado financiación y Estatuto" porque ha generado un retraso de tres años.

Por su parte, CiU denunció que el Gobierno central ha acumulado un impago de 2.700 millones de euros de inversión en infraestructuras que, según los nacionalistas, debería haber recibido Cataluña desde 2007 para cumplir el Estatuto. Oriol Pujol dijo que se trata de una "negociación de trileros". Según las cifras de CiU, la cantidad adicional no debería ser de 800 millones, sino de 2.813 millones. Estas cifras fueron desmentidas ayer por la Generalitat.