Ocho imputados por la Operación Puerto

El fiscal, el abogado del Estado y las acusaciones particulares personadas en la Operación Puerto -Asociación de Equipos, Federación Española de Ciclismo, Unión Ciclista Internacional y Agencia Mundial Antidopaje- tienen 10 días contando desde el pasado 30 de enero para elaborar sus escritos de acusación contra los imputados Eufemiano Fuentes, José Luis Merino, Alberto León, Ignacio Labarta, Manolo Saiz, Alfredo Córdova, Vicente Belda y Yolanda Fuentes, por un presunto delito contra la salud pública. El juez Antonio Serrano, el mismo que archivó dos veces la causa por considerar que no había indicios de delito, puso así en marcha, siguiendo las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid, el procedimiento abreviado que puede sentar en el banquillo en un plazo no inferior a seis meses -según las estimaciones de los abogados- a los componentes de la mayor trama de dopaje en el deporte, conocida y desarticulada por la Guardia Civil en mayo de 2006.

Una vez leídos los escritos de acusación y los argumentos de las partes, el juez Serrano, el instructor del sumario, decidirá cuáles de los imputados deben someterse a juicio, que no tienen por qué ser los ocho citados, una mezcla variopinta de médicos, correos, mánagers y directores deportivos, quienes responderán de una acusación castigada con una pena máxima de dos años de prisión, aparte de la inhabilitación profesional. A continuación el sumario pasaría a los juzgados de lo Penal de Madrid, donde se celebraría el juicio, en otoño próximo como muy pronto, bajo la presidencia de un juez diferente.

Sin embargo, según fuentes de la defensa de alguno de los imputados, el plazo para la celebración del juicio oral puede ser aún mayor, ya que todas las decisiones judiciales pueden ser recurridas, lo que alargaría todos los plazos. El primer recurso podría imponerse, de entrada, contra la misma decisión del juez Serrano de considerar a los ocho citados como imputados, ya que, recuerdan estas fuentes, el mismo juez había procedido en su momento a un archivo parcial, no recurrido, de la causa dejando sólo como imputados a Fuentes, un médico deportivo, y Merino, un hematólogo, quienes, presuntamente, organizaron un sistema de extracción, almacenamiento y reinfusión de sangre, que, según la resolución de la Audiencia Provincial, podría ser constitutivo de delito. "No se hacían en locales adecuados, no se transportaba en los recipientes idóneos, no existía una identificación clara de los donantes, no existían garantías de mantenimiento de las temperaturas de conservación de la sangre y sus componentes, que se custodiaban en frigoríficos y arcones congeladores dentro de pisos particulares y sin poder garantizar el mantenimiento de la cadena de frío en caso de un simple corte de corriente eléctrica y sin que conste cuál era el sistema de graduación de la temperatura". "Todo el procedimiento era clandestino", continúa el juez en su escrito, "esto es, al margen de cualquier inspección de las autoridades sanitarias".

"El juez Serrano, sin embargo, ha debido de entender que la sala de la Audiencia había decidido que el procedimiento se abriera para los ocho y que él trasladara esa acusación, cuando creemos que no es así", dicen fuentes de la defensa de un acusado. "Pero nosotros entendemos que la sala dejaba al juez libertad de actuación, a la que ha renunciado, quizás, por cansancio y por quitarse de encima el asunto cuanto antes".