Cambio de chaqueta en Pinto

Bajan las aguas revueltas en Pinto, desde que la pasada semana se presentase la moción de censura que permitirá a PSOE e IU arrebatar la alcaldía al PP. Lo harán con el apoyo del concejal de Juntos por Pinto, Reyes Maestre, que fue socio de los populares hasta marzo.

En el centro de la polémica aparece el proyecto del Espacio del Motor, un desarrollo de cinco millones de metros cuadrados en el que está prevista la construcción de un circuito de velocidad, así como una zona residencial de 7.500 viviendas y áreas empresariales y de servicios.

El PP y Juntos por Pinto acordaron paralizarlo en su acuerdo de gobierno firmado tras las elecciones. Meses más tarde, el concejal Reyes Maestre cambió de opinión. Hoy lo apoya e incluso forma parte del pacto con socialistas e IU para la moción de censura. Los populares piden la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.Reyes Maestre asegura que su cambio de opinión se produjo tras una reunión con los promotores del proyecto en la que pudo "conocer de primera mano que sería un desarrollo beneficioso para la ciudad".

El PP cree que tras ese cambio de opinión hay algo más. Por eso ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que investigue qué relación existe entre las personas que en marzo de este año -dos meses después de cambiar de opinión respecto al Espacio del Motor- compraron la vivienda de Reyes Maestre y la empresa promotora del proyecto, Motordraft. El concejal recibió por la venta de su vivienda 240.000 euros y otros 95.000 por un local situado al lado. Con el pago, Maestre canceló parte de la hipoteca de una vivienda comprada en Illescas en el año 2006.

Además, el PP exige que se aclaren las donaciones de hasta 125.000 euros que sociedades relacionadas con los dueños de Motordraft realizaron a la Fundación Pinares, creada en 2005 por el anterior alcalde socialista de Pinto, Antonio Fernández.

En todo ello, los populares ven indicios de tráfico de influencias, posible soborno y corrupción. "Creemos que la democracia exige limpieza y transparencia frente a la opacidad, el hermetismo y los acuerdos a puerta cerrada, especialmente cuando hay dinero de por medio", afirmó ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

La decisión sobre el Espacio del Motor, incluido en el Plan General que fue aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal en 2006, se encuentra en manos del Gobierno regional. Por el momento, la Comunidad ha enviado al Ayuntamiento su propuesta de informe de evaluación ambiental, que es positivo. De hecho, el trámite de alegaciones al documento ambiental provocó que la otra concejala de Juntos por Pinto, Juana Valenciano, rompiese hace algo más de un mes con el PP por considerar que los populares eran "tibios" en su oposición al Espacio del Motor.

Pero el pacto de Gobierno entre socialistas, IU y Reyes Maestre ha levantado más suspicacias. De hecho, el concejal de Juntos por Pinto fue durante la pasada legislatura el azote del gobierno de izquierdas en el municipio. No dudó incluso en acudir a los tribunales hasta en tres ocasiones. La última de ellas, antes de las elecciones, contra el que a partir del lunes será alcalde de la localidad, Juan José Martín, del PSOE, por información privilegiada.

Las desavenencias anteriores entre los miembros de tripartito no quedan ahí. En enero de este mismo año, PSOE e IU sacaron adelante una moción de reprobación al concejal Reyes Maestre, al que entonces calificaron de "desleal y traidor".

El edil también mantiene una pugna judicial con la que hasta ahora es su compañera de partido, Juana Valenciano. Un juzgado de Parla estudia quién de los dos está legalmente capacitado para ostentar la representación de Juntos por Pinto. Por el momento, un auto de medidas cautelares obliga a Valenciano a abstenerse de "actuar como portavoz del partido político".

A eso se agarran los socialistas para negar que la moción de censura rompa el pacto antitransfuguismo, dado que, mientras el juez no se pronuncie, Maestre continúa perteneciendo al partido con el que se presentó a las elecciones.

Mientras, el tripartito firmante de la moción de censura contraatacó ayer. Los socialistas aseguraron que las insinuaciones de corrupción lanzadas por el PP son "una cortina de humo". Además, el portavoz socialista, Juan José Martín, anunció que la primera medida que tomarán a partir del pleno de investidura será llevar a los tribunales la gestión del PP al frente de la empresa pública Aserpinto.

"Se han contratado en nueve meses a 112 personas, muchas de ellas por el mero hecho de ser afines al PP. Además, se han adjudicado contratos a dedo por valor de más de 2,6 millones de euros", indicó Martín.