El fiscal pide ocho años para un matrimonio por estafar a ancianos en una residencia ilegal

El ministerio fiscal ha solicitado cuatro años de prisión para cada uno de los miembros de un matrimonio que, supuestamente, estafó a dos ancianos que vivían en una residencia de Lugo regentada por los imputados. La residencia no contaba con autorización administrativa ni reunía las "adecuadas condiciones" de limpieza y salubridad para las personas que allí se encontraban, tal y como se hace constar en el escrito de acusación.

Los ancianos,  parte de ellos dependientes, se alojaban en los pisos 1º, 2º y 4º de la calle Castelao, número 62, en la capital lucense, donde también residía el matrimonio, que ayer fue juzgado por la sala segunda de la Audiencia Provincial de Lugo. Los acusados se apropiaron presuntamente de un total de 21.079 euros de varias cuentas bancarias de dos residentes, aprovechando su situación de "desamparo" y la "confianza" depositada en ellos.

El fiscal sostiene que desde el 25 de febrero del 2000 y hasta el 8 de enero de 2004, cuando las instalaciones fueron inspeccionadas y clausuradas y los 15 residentes realojados, los acusados realizaron varias extracciones de las cuentas de dos usuarios, uno dependiente y otro con demencia senil, que luego fallecieron en la residencia Matogrande de A Coruña y el Hospital Xeral de Lugo.

En el transcurso del juicio la mujer, María Dina Cabanas, que fue la que realizó la mayor parte de las operaciones bancarias,  hizo hincapié en que nunca habían regentado una residencia, sino "una pensión", y justificó las extracciones de dinero porque los inquilinos dejaban de abonar lo estipulado por el alojamiento. Sostuvo que parte de lo que había obtenido de esta forma lo invirtió posteriormente en la compra de un colchón "antiescaras", una grúa elevadora y una cama. Además, precisó, que  no llevaba "ninguna contabilidad", ya que se trataba de una actividad que nos les proporcionaba muchos ingresos y que lo que conseguían tan sólo les llegaba para pagar los créditos de los propios pisos. Su marido, Alfonso López, admitió ante el tribunal que "nunca" habían solicitado licencia de hospedaje. Al margen de la pena de prisión y una multa de 9.600 euros, el fiscal solicita que los acusados indemnicen a la familia de uno de los residentes con la cantidad de 18.835 euros.