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Tribuna:Laboratorio de ideas
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Coordinación nada coordinada en la UE

Después de la buena noticia del 26 de noviembre, en que la Comisión Europea anunció un plan coordinado de la UE para salir de la crisis real de las economías, comienzan a aparecer las noticias sobre los diferentes borradores de planes de los países y se ponen de manifiesto las grandes diferencias entre ellos, que, lejos de la coordinación, agrandan en muchos casos las diferencias en el tratamiento a las empresas y las familias. La CE ha cuantificado el plan en 200.000 millones de euros, equivalentes al 1,5% del PIB de la UE. Pero sólo será posible si cada país cumple con la aplicación de su parte del plan.

Los objetivos del plan de la UE están claros y además han sido aceptados por todos: impulsar la actividad de las empresas para fomentar la creación de empleo y reforzar la competitividad europea en el largo plazo. Para ello se promueven 10 acciones de manera que se inyecte mayor poder de compra, se incremente la demanda de consumo y de inversión y se estimule la confianza. En todo caso está claro que los estímulos deben ser temporales y respetar, aunque con cierta flexibilidad, el pacto de estabilidad de la UE. Una pieza fundamental del plan es el incentivo de la inversión inteligente, es decir, que mire al futuro, a la necesidad imperiosa de incrementar la competitividad. Aspecto en especial indicado en el caso de España, donde, debido a nuestro elevado déficit exterior, tendríamos que incentivar las exportaciones.

Cada Estado actúa como si no hubiera UE y opta por vías impositivas distintas para combatir la crisis

En el análisis de la falta de coordinación en la aplicación del plan europeo pueden dejarse fuera todas las acciones de aplicación directa de la Comisión como son la agilización de los trámites, ampliación y disponibilidad de los fondos europeos (fondo social, fondos de cohesión y fondos estructurales). También la aprobación de un Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, las medidas de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 30 y 10.000 millones para las inversiones de las pequeñas y medianas empresas.

Por el contrario, es en la aplicación de las acciones directas de los países donde se centra la mínima coordinación. El plan no elige entre las dos vías de estímulo fiscal: reducción de impuestos y aumento del gasto. Los Estados miembros decidirán desde sus posiciones de partida. Por supuesto, hay que contar con que las políticas presupuestarias son soberanía de los Estados.

Así como la política monetaria es común en toda la zona del euro y la responsabilidad recae en el Banco Central Europeo, siendo seguida de cerca por el resto de bancos centrales de los países de la UE no integrados en la Unión Monetaria, la política fiscal no está mínimamente armonizada y las divergencias entre países en la aplicación de tipos impositivos provocan considerables diferencias en la competitividad de las empresas dentro de un área económica común con libertad de movimientos de bienes, servicios y capitales.

Por ello no es de extrañar que a la hora de aplicar medidas de reactivación de la demanda de consumo y de inversión, cada Gobierno opte por vías distintas, lo que en materia de aplicación de impuestos no sólo no armoniza ni reduce las diferencias, sino que las agranda. En este aspecto, los Estados se comportan como si no hubiese una Unión Europea y las medidas no son tan efectivas como si fuesen en la misma dirección.

La CE, con un objetivo claro de mejorar la competitividad, ha aconsejado reducir las cargas de las empresas en materia impositiva, en las aportaciones a la Seguridad Social y posibles reducciones del IVA, prestando especial atención a las inversiones con mayor intensidad de creación de empleo, inversiones en eficiencia energética, productos verdes y en tecnología. También aconseja iniciativas que reduzcan los costes administrativos a las empresas con simplificación de los trámites y reducción de los plazos de creación de nuevas empresas.

El Reino Unido ha aplicado una reducción del IVA del 17,5% al 15%, Italia anuncia alguna rebaja en el impuesto de sociedades e IRPF, aunque con dificultades debido a su elevado nivel de deuda (106% del PIB); Francia opta por no aplicar reducciones de impuestos, pero suprime un gravamen local para las inversiones de las empresas, y Alemania se niega rotundamente a la reducción del IVA, pero opta por desgravaciones del 25% a las empresas en sus inversiones en maquinaria móvil e instrumentos de trabajo. Por el lado del gasto, todos los países aplican medidas para incentivar la inversión, pero en formas diferentes, contando con las ayudas europeas. Todavía están sin cuantificar con claridad.

En España, los objetivos coinciden, pero surgen dudas de que se haya elegido el camino adecuado. No se elige la vía de mejorar la competitividad con reducción de cargas a la empresa ni con bajadas de impuestos o cotizaciones sociales. Por el contrario, el Gobierno ha presentado un plan de inversiones que valora en 11.000 millones de euros. Sin embargo, la forma elegida no parece seguir la indicación del acuerdo en la UE de invertir pensando en el futuro incrementando la competitividad de la economía española, aunque sí para la creación inmediata de puestos de trabajo en la construcción. Tampoco apuesta por programas de I+D+i, ya que paraliza varios proyectos integrados en la iniciativa Ingenio 2010, abierta en 2005.

La parte más importante del plan (8.000 millones) se dedicará a la realización de obras a través de los ayuntamientos. Tienen que ser obras nuevas, no presupuestadas para 2009, sin superar los cinco millones de euros, y los proyectos tienen que elaborarse, presentarse antes del 20 de enero, licitarse e iniciar las obras antes del 13 de abril de 2009. Puede que los ayuntamientos tengan proyectos en el cajón que no han presupuestado por no tener financiación, pero es de suponer que los proyectos más necesarios estén ya presupuestados, aunque quizá no puedan realizarlos. Lo que es seguro es que veremos de nuevo abrir y cerrar zanjas para crear empleo. Esperemos que los ayuntamientos sean capaces de utilizar esta financiación, aunque ello no les ayude a solucionar sus problemas financieros por las deudas contraídas con anterioridad.

Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE.

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