Dos años de prisión a tres empresarios por estafar a inmigrantes

Acuciados por el fin del proceso de normalización de 2005 y la falta de ofertas de trabajo con las que regularizar su situación, los inmigrantes C. S., A. C. y B. A. cayeron en las manos del empresario de Vicente Faubel y sus socios Francisco Villacorta y Alberto Aguilar. A cambio de entre 750 y 1.500 euros, les vendieron contratos de trabajo que teóricamente les permitirían acceder a permisos de trabajo y residencia. Pero todo acabó en un fraude: los documentos, además de abusivos por cobrar por ellos, eran falsos.

Así lo entiende la Audiencia Nacional, que ha condenado a estas tres personas a dos años de prisión, además de indemnizar a los afectados con el dinero pagado "más los intereses legales" por un delito continuado de estafa. La sentencia considera probado que los acusados ofrecieron contratos de trabajo con la empresa Faubel Espinosa, que "carecía de actividad, sede propia y trabajadores desde el año 2002" y la firma Construcciones del Alto Mediterráneo, SL, "aún en constitución". Todo ello lo hicieron en la gestoría de uno de ellos, una "puesta en escena" que incide en la coordinación de los condenados en el engaño.

Además de los tres afectados, los empresarios llegaron a tramitar un centenar de contratos a otros tantos inmigrantes entre abril y mayo de 2005 "a razón de entre 400 y 1.500 euros", según apunta Ignacio Soler, abogado de los estafados a través del CITMI, el servicio de atención a inmigrantes de Comisiones Obreras. Sin embargo, muchos de ellos están fuera de España o ilocalizables, por lo que se han quedado fuera de las indemnizaciones que fija la sentencia. Por ello, Luis Poveda, secretario de inmigración de la federación de Construcción y Madera del sindicato, apuntó ayer que están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia para tratar de que contemple al resto de afectados.

Por otra parte, la policía informó ayer de la detención de diez personas -incluidos siete empresarios-, en la provincia de Alicante por su presunta implicación en un entramado de sociedades que defraudaron más de tres millones de euros mediante facturas falsas, blanquearon capitales y realizaron contratos ficticios a inmigrantes.