Zapatero y Chaves minimizan el desacuerdo de la deuda histórica

No ha habido portazo, ni ruptura, sólo un aplazamiento. Así ven el Gobierno central, el PSOE andaluz y federal el incumplimiento del Estatuto de Autonomía que fija el día de hoy como la fecha tope para cuantificar la deuda histórica. Ni desde Madrid ni desde Sevilla se quiere poner el acento en el evidente fracaso de la comisión de Cooperación Junta-Estado celebrada el jueves, en la que se escenificó el mayor desencuentro entre los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves desde la llegada del primero al poder.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, contribuyó a calmar las aguas y se mostró "segura" de un acuerdo en los próximos seis meses una vez que se concierte "el método y el procedimiento". También la secretaria federal de Política Autonómica, Mar Moreno, dijo estar convencida de acometer "la recta final de un asunto que dura 28 años" al tiempo que admitió la "preocupación" de la ejecutiva federal por este fracaso.

Los socialistas andaluces, a través de su vicesecretario general, Luis Pizarro, apoyaron públicamente la decisión de la Junta de rechazar una cifra que no alcanza el mínimo de 1.148 millones de euros de euros manejado por la Consejería de Economía. "La Junta ha hecho lo que tenía que hacer: defender los intereses de Andalucía", sostuvo Pizarro tras mantener una reunión con la ejecutiva del PSOE.

No obstante, al número dos socialista no le gustó que el vicepresidente económico, José Antonio Griñán, asumiera al 50% la responsabilidad política por la falta de acuerdo en vez de encasquetársela toda ella al gabinete de Zapatero. De hecho, Pizarro eludió ayer corroborar las palabras de Griñán. Fuentes socialistas aseguraron que ambos conversaron el jueves telefónicamente y que el vicepresidente económico explicó que una posición de extrema dureza con las personas con las que tiene que seguir negociando era inútil y contraproducente.

La explicación, aparentemente, le valió a Pizarro, quien en rueda de prensa aseguró que la actitud de Griñán le "engrandece" ya que lo "fácil" hubiera sido poner el grito en el cielo.

En opinión de la ejecutiva socialista, la prórroga de seis meses a la que se han comprometido ambos gobiernos para cuantificar el déficit de las transferencias al inicio del proceso autonómico en educación, sanidad y vivienda (eso es la deuda histórica recogida en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto) no aleja sino que acerca el acuerdo.Ambas partes acordaron darse de plazo seis meses más para cumplir lo incumplido y se comprometieron a que la deuda esté pagada antes del 20 de marzo de 2010. Esto no deja de ser una machacona reiteración de lo que marca el propio Estatuto andaluz, pero entonces es posible que el Gobierno central haya ganado tiempo porque confía en que la situación política sea diferente. En este supuesto, el aplazamiento sería todo un balón de oxígeno para Rodríguez Zapatero.

Además de la crisis económica, fuentes socialistas aseguran que si no ha habido un acuerdo sobre la cifra final es por la coyuntura política. El Gobierno de Zapatero tiene muy difícil explicar una cantidad de equis millones con Andalucía y negar otras peticiones del resto de comunidades autónomas en plena negociación del sistema de financiación. Eso fue lo que ocurrió con el Estatuto catalán que también marcaba un plazo que ha sido incumplido. Tampoco hay que perder de vista que los partidos nacionalistas negocian su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2009 y exigen contrapartidas a cambio.

Además, fuera de Andalucía no se entiende, no se sabe y nadie se cree que haya una deuda del "Estado de España", dijo Pizarro, con la comunidad andaluza.

El PP contraataca

Y el primero que no se lo cree, opinan en el PSOE andaluz, es el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, con quien los socialistas andaluces mantuvieron negociaciones a cara de perro durante la reforma del Estatuto en el Congreso de los Diputados. Entonces, esa situación se desbloqueó con conversaciones al máximo nivel político. Los socialistas andaluces consideran, despectivamente, al "señor Ocaña" un técnico más que un político.

De hecho, Pizarro aseguró que lo que la Junta de Andalucía había rechazado eran "las cuentas que ha hecho el señor Ocaña".

El Ministerio de Economía y Hacienda negó ayer de manera tajante haber facilitado una cifra "porque no hay acuerdo en la metodología". Griñán aseguró que la cifra ofrecida por Madrid era inferior a 900 millones de euros.

Esta polémica fue ayer la protagonista del congreso que celebra el PP en Córdoba, informa Isabel Pedrote. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, pidió la dimisión de Chaves. Y el líder de IU en Andalucía, Diego Valderas, también pidió la dimisión del presidente de la Junta por este asunto.