Los promotores descartan recurrir la totalidad del plan general de Vigo

La Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin) no presentará recursos a la totalidad del plan general de urbanismo de Vigo, que hoy publica el Boletín Oficial de la Provincia, e incluso negociará con los colectivos que han anunciado recursos a la totalidad por motivos diversos para que tampoco los lleven a cabo. El plan, cumplido el trámite de su publicación en el BOP, entrará en vigor dentro de 15 días.

Los promotores descartaron plantear recursos a la totalidad del plan después de debatirlo arduamente en dos asambleas extraordinarias celebradas el pasado mes de julio. Consideraron finalmente que si se estimaba uno de esos recursos y el plan era anulado al cabo de varios años de litigio, el quebranto que se podría derivar para el sector y la propia ciudad podría alcanzar dimensiones catastróficas.

Por eso, ni Aproin ni ninguno de sus asociados interpondrán ningún recurso a la totalidad del plan, pese a estar convencidos de las grandes posibilidades que tendría de ser estimado, aduciendo que no se sometió a información pública la ampliación hasta el 43% de la reserva de suelo edificable para vivienda protegida.

Por los mismos motivos finales, desde Aproin tratarán de paralizar o reconducir los recursos a la totalidad que han anunciado al menos dos colectivos, uno vecinal, que ha contratado al efecto al despacho de abogados que logró la anulación del plan general de Ourense, y el otro, una asociación de consumidores. Ambos entienden que el plan debería acompañar una declaración de impacto ambiental que, sin embargo, la Consellería de Medio Ambiente excusó a cambio de que tal declaración sea presentada para cada uno de los ámbitos a desarrollar.

Aproin, no obstante lo anterior, apoyará a sus asociados en los recursos puntuales que quieran interponer en ámbitos de actuación aislados. Los motivos están ligados también a la reserva de suelo para vivienda protegida, pero el punto de ataque será la actualización de las valoraciones de esos suelos.

El incremento del 20% al 43% de suelo dedicado a vivienda protegida en la última modificación del plan se amparó desde el ayuntamiento en el desfase de los precios, tanto de suelo como de vivienda construida, que figuraban en el plan. Los promotores obtenían gracias a esos desfases unas plusvalías extraordinarias que fuentes municipales cifraron en 3.000 millones de euros en el conjunto del plan. A costa de esas plusvalías se aumentaba la vivienda protegida.

La crisis del sector obliga ahora a revisar de modo más apremiante esas valoraciones de suelo y de viviendas construidas bajo la premisa de que cada ámbito ha de tener un equilibrio económico y también debe existir ese equilibrio entre los distintos ámbitos. Los promotores señalan además la existencia de errores en la aplicación de los coeficientes de ponderación (distintos en función de los usos del suelo) y que todas las estimaciones financieras se hacen en función de un tipo de vivienda protegida, cuando en la realidad hay tres modelos distintos.

380 ámbitos

En los 380 ámbitos en que se reparte el desarrollo del plan, hay 68 con ordenación detallada, donde figuran las cargas (vivienda protegida, infraestructuras, cesiones) que corresponden a cada uno de ellos. Está previsto que 31 se desarrollen a través de convenios, seis de los cuales no han llegado a firmarse (entre ellos el de Beiramar, para desplazar la industria frigorífica y crear en su lugar una gran área residencial) y de 12 a 15, según los promotores, serán probablemente recurridos, por mantener las cargas y aumentar la vivienda protegida.

Estos recursos (probables), y la paralización del desarrollo de los ámbitos a que se refieren, afectarían a su vez a la construcción de infraestructuras estratégicas, es decir, con incidencia en toda la ciudad.

La Consellería de Política Territorial, por su parte, en la orden que aprobó definitivamente el plan general, el pasado 16 de mayo, cambió la categoría de ocho ámbitos (entre ellos el de la conservera Alfageme, que condiciona su plan de reconversión industrial), que pasaron de suelo urbano consolidado a no consolidado, lo que implica para los promotores ceder al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico, aparte de las respectivas cargas de vivienda protegida. Es la parte del plan aún pendiente de aprobar.