La oferta de Solbes de dar más dinero topa con las críticas de las autonomías

El Gobierno dio ayer un paso adelante en el debate territorial -el segundo en sólo tres días, tras las polémicas balanzas fiscales- con la presentación de una propuesta "de bases" para la esperada reforma del modelo de financiación.

El vicepresidente augura una "difícil" negociación con las comunidades

La oferta del Ejecutivo es vaga e imprecisa en muchos aspectos, pero despeja dos incógnitas fundamentales: el Estado pondrá sobre la mesa recursos adicionales (aunque se desconoce cuánto dinero más), y repartirá el dinero en función de la población actualizada como criterio básico (corregida por variables aún por decidir). Además, garantiza la financiación de todas las competencias transferidas (pero no dice cómo), y eleva la cesta de impuestos de las autonomías hasta un difuso "en torno al 50%" del IRPF, IVA e impuestos especiales. El vicepresidente Pedro Solbes auguró una negociación "larga y difícil". No se equivocó: las voces críticas se alzaron de inmediato.

Varias comunidades, con Cataluña y los Gobiernos regionales del PP a la cabeza, expresaron un sonoro rechazo. La mayoría de las del PSOE prefirieron esperar hasta tener más datos. Pero los apoyos del Ejecutivo se verán en breve: la propuesta se debatirá el próximo martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con Solbes ante todos los consejeros de Hacienda autonómicos.

El modelo de financiación es tan viejo como el Estado de las autonomías, y suele repetir clichés. Cataluña abre fuego al plantear cambios y levanta una polvareda fenomenal; se inician así negociaciones a cara de perro, y al final se alcanza un acuerdo que no deja satisfecho a casi nadie.

Ese guión también es válido esta vez: el Gobierno catalán levantó ampollas hace meses al lanzar su propuesta. Y ahora, tras la del Ejecutivo, las autonomías no han tardado en abrir fuego. El tripartito catalán tachó la propuesta de "decepcionante, insuficiente y preocupante". "Es una oferta-trampa con gato encerrado", afirmó Castilla y León (PP). Madrid se descolgó con un comunicado en el que asegura que la política "de castigo" de Zapatero "ha impedido la creación de 22.756 empleos" en la comunidad, y aseguró que la propuesta "encubre una subida de impuestos". Otras optaron por la cautela, a la espera de una mayor concreción.

En una rueda de prensa multitudinaria, Solbes consiguió administrar la suficiente ambigüedad como para que ninguna comunidad quede del todo satisfecha, ni todo lo contrario. La oferta "no es una maniobra de distracción", se defendió. Y aseguró que el Estado aportará más dinero "teniendo en cuenta tanto la población actual como la evolución de los últimos años, y en función de la estabilidad macroeconómica".

Los trazos del nuevo sistema aún son difusos. El reparto del dinero se realizará en función de la población actualizada -los cambios sufridos en los últimos años han dejado obsoleto el anterior sistema-, ajustada por varios factores. "Si no hay acuerdo por unanimidad para corregir la población, se dejará el sistema como está actualmente", dijo el vicepresidente, que apenas quiso entrar en el debate más espinoso: el de la solidaridad.

El fondo de suficiencia (el mecanismo de solidaridad actual) se limitará a financiar sanidad, educación y servicios sociales, tal como pedía Cataluña. Pero a diferencia de lo que dice el Estatuto, Solbes abre el abanico de esos servicios sociales "a todas las competencias transferidas, como la justicia". Es decir, a casi todo.

El ministro de Economía pareció cómodo con los numerosos interrogantes que deja sin responder. Y cerró con elegancia: "En otoño habrá que pasar de las musas al teatro".