Ya somos más de sesenta millones
Durante el siglo XXI, año tras año va aumentando la población residente en España. Contra las opiniones que pronosticaban que la población española no llegaría a 40 millones y tendería a disminuir, la realidad ha marcado una tendencia creciente inesperada, intensa y rápida. El motivo ha sido la entrada masiva de extranjeros que, por diversos motivos, han elegido España como su lugar de residencia. La mayoría son inmigrantes en busca de trabajo, bien sean procedentes de la UE (728.000 rumanos, 352.000 ingleses...) como de otras zonas del mundo (645.000 marroquíes, 420.000 ecuatorianos...).
Un asunto previo a cualquier comentario es el estadístico, ya que he podido observar las dudas que las cifras oficiales suscitan entre muchos ciudadanos. Cualquier observador acepta que el panorama socioeconómico de la España actual ha cambiado con los inmigrantes, pero no hay tanta unanimidad a la hora de aceptar las cifras oficiales.
Los Gobiernos de la UE están tomando decisiones que no van a solucionar los problemas de la inmigración
En España disponemos de un padrón continuo donde están registrados todos los ciudadanos (españoles y extranjeros) que residen durante la mayor parte del año. Es necesario tener muy presente que, por ley, todas las personas residentes en España tienen el derecho y el deber de empadronarse en el municipio donde habitan la mayor parte del año. Lo único que necesitan es documentar su identidad y el lugar donde residen.
Las cifras oficiales de población residente parten de un registro administrativo, cuyo contenido está regulado por ley y donde la labor de coordinación del INE consiste en contrastar los datos que mensualmente envían los ayuntamientos (propietarios del padrón) detectando los fallos en altas, bajas y posibles duplicidades entre los diferentes municipios. Esta labor de coordinación es la que permite al Consejo de Empadronamiento proponer al Gobierno las cifras oficiales de población para su aprobación por el Consejo de Ministros.
Pues bien, el INE acaba de publicar la cifra provisional de residentes en España (antes de ser revisada y aprobada por el Consejo de Empadronamiento) y referida al 1 de enero de 2008. En esa fecha, la población oficial superó los 46 millones (46.063.511). De éstos, el número de extranjeros empadronados es de 5.220.000, equivalente al 11,3% de la población total y de los que 2.096.000 son ciudadanos de la UE.
Las cifras de población constituyen un indicador indispensable para la aplicación correcta de las políticas en las diferentes administraciones: política de financiación autonómica, enseñanza y de sanidad, los cálculos de las pensiones en la política presupuestaria y hasta en las necesidades de viviendas de los jóvenes que van cumpliendo años. En el ámbito europeo, es un indicador de la representación económica (PIB per cápita) y política (número de diputados en el Parlamento Europeo) de cada país en la UE.
Desde el punto de vista social y de aplicación de las normativas europeas hay que distinguir entre las diferentes situaciones en las que se encuentran los extranjeros en España. En el padrón español están incluidos no sólo los extranjeros que tienen permiso de residencia (3.979.000 en diciembre de 2007) sino también aquellos que aun estando en situación irregular (sin permiso de residencia) se empadronan, derecho que les otorga la ley española. Por lo tanto, a la hora de analizar la situación legal hay que diferenciar entre:
- Los ciudadanos de la UE, que tienen libertad de movimiento y residencia y que no necesitan permisos para residir ni trabajar en España (los rumanos y búlgaros lo tendrán íntegramente a partir de enero de 2009). Los ciudadanos de la UE no necesitan tarjeta de residencia (aunque todavía la tienen 792.000), pero deben inscribirse en el registro de residentes comunitarios o disponer de una tarjeta familiar de ciudadano de la UE.
- Los ciudadanos extranjeros que están regularizados (sean o no de la UE) cotizan a la Seguridad Social y pagan IRPF. Con datos de la Seguridad Social de febrero eran 2.041.000. Como consecuencia, tienen los mismos derechos que los ciudadanos españoles y si pierden el empleo tendrán cobertura de paro de la Seguridad Social.
- Los que no están regularizados en el mercado laboral aunque estén empadronados. Con todas las reservas se pueden estimar en 800.000 (2.887.000 extranjeros de la EPA del primer trimestre menos los 2.041.000 de alta en la Seguridad Social). Aunque por estar empadronados tienen cubierta la sanidad y la educación de sus hijos, no cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, no tendrán derecho a cobertura de desempleo si se quedan sin trabajo.
Durante la etapa expansiva de la economía española, el balance económico de la inmigración ha sido positivo tanto para la sociedad española como para los propios inmigrantes, pero ahora con el cambio de ciclo económico vienen las dificultades. En etapas anteriores de crisis (años noventa), fueron las familias las que soportaron el peso de la situación especialmente dura de los jóvenes que no encontraban trabajo. Sin embargo, en la situación actual, en la que presumiblemente muchos inmigrantes se están quedando sin trabajo, el Estado podrá dar soporte sólo a aquellos que hayan cotizado a la Seguridad Social pero no a los que, por estar en situación irregular, no han cotizado y no tienen, por tanto, derecho a ninguna retribución.
Es importante señalar que en las cifras de población de una mayoría de países de la UE, los extranjeros en situación irregular (sin permiso de residencia) no están contabilizados ni tienen derechos asistenciales. Parece claro que la hora de pensar en políticas comunes de inmigración es necesario disponer de cifras armonizadas en la UE. Pero las circunstancias particulares de cada país, los intereses de los Gobiernos nacionales y su forma de entender el fenómeno de la inmigración están llevando a tomas de decisiones, como la nueva directiva de la UE aprobada por el Parlamento Europeo, que no sólo va a perjudicar a los derechos de los inmigrantes, sino que no va a solucionar ninguno de los problemas de fondo que la inmigración puede generar en un momento económico difícil. -CARMEN
ALCAIDE
Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE.
