El Constitucional aborda la conversación de su presidenta con una imputada

El Tribunal Constitucional abordará hoy el alboroto suscitado en torno a la conversación grabada por la Guardia Civil a una abogada implicada supuestamente en el crimen de su marido con la presidenta del máximo órgano judicial, María Emilia Casas. Sobre este asunto, el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya y con rotundidad. Entiende que no se produjo ningún delito de asesoramiento ilegal por parte de Casas a la abogada y que, además, los términos de la conversación que mantuvo con la letrada se encuadran dentro de los usos sociales generalmente admitidos.

Casas llamó a la abogada por la mediación de una conocida y, tras estudiar su caso sobre la pérdida de custodia de la hija de la mujer en la sentencia de divorcio, la presidenta del Constitucional le indicó la vía para poder recurrir en amparo y, al finalizar la conversación, le sugirió que la llamara de nuevo por teléfono si alguna vez utilizaba esa vía.

Para hoy se ha convocado un pleno gubernativo, previsiblemente para comentar el tratamiento dado a la actuación de la presidenta. En el pleno, Casas previsiblemente comentará a sus compañeros los términos en que se produjo la conversación y escuchará lo que los magistrados quieran exponer en torno al asunto. El rotundo pronunciamiento del Tribunal Supremo y el archivo de las escuchas ha diluido en buena medida el malestar del entorno de la presidenta con la Sala Penal del Supremo. Y es que Casas se enteró por la prensa de que la Guardia Civil había grabado una conversación suya y el Supremo estudiaba si de la misma cabía extraer un supuesto delito de asesoramiento ilegal a una abogada. Esa conversación fue entregada a una juez de Valdemoro y ésta la elevó al Supremo el lunes 26 de mayo. En la tarde del jueves 29, Casas coincidió con varios magistrados de la Sala Penal en el funeral del magistrado del Constitucional Roberto García-Calvo, y nadie le comentó nada. El pasado viernes, en cambio, fuentes del Constitucional dijeron que estaban "muy contentos" con el fulminante archivo del caso. Pese a que el Supremo y el Constitucional están siempre "peleados", esta vez el Supremo "se ha portado muy bien", dijeron las citadas fuentes, tanto por la rapidez con que ha dado carpetazo a un asunto "que todos sabían que no era delito", como por la rotundidad con que el ponente, Manuel Marchena [del sector conservador de la Sala Penal], dejó claro que los términos de la conversación "entran dentro de los usos sociales generalmente admitidos".

Aunque nadie se atreve a pronosticar que hoy pueda haber siquiera un mínimo apoyo institucional a Casas, parece que en un tribunal que está ya "muy tocado" por la bronca política, esta vez hay un sentimiento común de malestar por la "utilización que se ha hecho" del caso. Magistrados y fiscales del Tribunal Supremo han admitido estos días que un caso como el de la presidenta le puede ocurrir a cualquiera de ellos cuando le graban una conversación con alguien que expone una queja o demanda un consejo. Una de las fuentes consultadas recordó una resolución del que fuera presidente de la Sala Penal, y posteriormente magistrado del Constitucional, Enrique Ruiz Vadillo, que sentó cátedra en el tema de las escuchas telefónicas.

Se refiere a un pinchazo telefónico acordado inicialmente para investigar un posible delito de tráfico de cocaína que dio como resultado los primeros indicios sobre un supuesto cohecho para financiar ilícitamente al PP, el conocido como caso Naseiro. Era el año 1992 y el Supremo resolvió que mantener las escuchas cuando se descubre un nuevo y presunto delito para el que no se han autorizado vulnera el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, y, por tanto, hay que destruir las cintas.