La CNE también advierte de posibles sobrecostes de la ley eléctrica

La presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Maite Costa, no pudo comparecer el martes en el Parlament para dar su opinión sobre el proyecto de Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico. Sin embargo, la CNE remitió una nota técnica a la Cámara catalana en la que advertía de que las exigencias de la normativa a las redes de transporte y distribución "pueden obligar a las empresas eléctricas a incurrir en posibles sobrecostes", tal como ha sucedido con leyes y decretos de otras comunidades autónomas.

La patronal del sector energético, Unesa, y la propia Endesa ya alertaron el martes a los grupos parlamentarios de que la normativa debe reconocer cualquier sobrecoste. Es más, Endesa aseguró que el cumplimiento de la ley le supondría una inversión de 3.500 millones de euros. El abogado de Unesa, Pascual Sala, sacó a relucir otros informes emitidos por la CNE. El regulador hace lo mismo en su informe: deja claro que no entra en detalles sobre el proyecto de ley catalán, pero recuerda los antecedentes de Andalucía y la Comunidad de Madrid.

"En todos los informes emitidos por la CNE a petición de las comunidades autónomas sobre proyectos de leyes y decretos relativos a la garantía y calidad del suministro eléctrico", indica la nota, "se viene a concluir, de forma general, que las exigencias a las redes de transporte y distribución emanadas de tales normativas, pueden obligar a las empresas eléctricas a incurrir en posibles sobrecostes".

Sobre quién debe asumir este coste, la CNE afirma que no serán, "en principio", remunerados por el Estado. Por ello, la CNE insiste en desarrollar "procedimientos" para que se exijan unos requisitos mínimos a las empresas de distribución de electricidad, tal como se ha recogido en un reciente decreto del Gobierno central. De esta forma, quedarán claros los sobrecostes que comporten las exigencias mínimas de la normativa de cada comunidad autónoma y que sean diferentes a los que se fijen a escala estatal. Una vez delimitadas las exigencias que impone cada uno, los sobrecostes que provengan de las obligaciones marcadas por un parlamento o gobierno podrán ser "trasladados a los consumidores radicados en dichas comunidades autónomas".

La CNE sí valora, no obstante, que la ley recoja las recomendaciones que formuló a raíz del apagón de Barcelona del pasado verano, que afectó a más de 350.000 abonados, algunas de las cuales calificó de "urgentes".