Plan de choque de Chaves - contra la crisis

Desde el primer momento lo advirtió. No diría nada nuevo de lo que había venido diciendo "a lo largo y ancho" de Andalucía antes y durante la campaña electoral. Manuel Chaves no sacó, como acostumbra, ningún conejo de la chistera en su discurso de investidura como presidente de la Junta. Durante una hora y 18 minutos el candidato socialista desgranó con minuciosidad en el Parlamento el programa electoral con el que ganó por mayoría absoluta sus sextas elecciones y que llevará a su partido, el PSOE, a gobernar 30 años seguidos en Andalucía.

Chaves huyó intencionadamente de las grandes frases políticas, de los no menos vistosos mensajes reivindicativos, del discurso de intenciones, de explicar el calendario legislativo. Es decir, hubo poca farfolla política y muchas medidas, ya conocidas, que inciden directamente al bolsillo y en la calidad de vida de los ciudadanos. Y tiene su por qué. Gran parte de la legislatura pasada se consumió en un proyecto, la reforma del Estatuto de Autonomía, que entusiasmó a políticos y a periodistas, pero que dejó indiferente al 64% del electorado andaluz que prefirió quedarse en su casa antes de ir a votar. Por eso, después de cuatro años de mucha política de superestructura y, sobre todo, porque el crecimiento económico da señales de agotamiento, hay un "repunte de la inflación" y hay "cierto deterioro" del mercado de trabajo el candidato socialista propuso un plan de choque contra la crisis, palabra que no pronunció.

Las "respuestas inmediatas a coyunturas concretas" para evitar la "desaceleración económica" consiste en un paquete de medidas para actuar en cuatro campos desde ahora hasta final de año. Ésa fue otra constante del discurso de Manuel Chaves, la de poner fechas a la mayoría de sus iniciativas, quizás para evitar la crítica de inconcreción que siempre le ha hecho la oposición andaluza.

Las actuaciones de reactivación para seguir logrando la convergencia económica afectan a la obra pública, rebajas de impuestos, mercado de trabajo y a medidas sociales que suponen, afirman los socialistas, un salario indirecto. Entre estas últimas destacan la gratuidad de los medicamentos a los niños menores de un año, que entrará en vigor antes del verano. Esta iniciativa beneficiará, según la memoria económica del PSOE, a unas 7.500 familias y representarán un coste anual para la Junta de 4,8 millones de euros.

También figuran la gratuidad del transporte escolar, la de los libros de texto en la enseñanza obligatoria, que culminará en septiembre, el complemento en 300 euros de las becas Erasmus y la atención bucodental a las embarazadas.

Las medidas de rebajas fiscales irán en una ley que presentará el Gobierno en octubre. Se trata de aplicar deducciones en el tramo autonómico del IRPF por el empleo doméstico. La oferta electoral recogía una rebaja de hasta un máximo de 300 euros. También la reducción en el 85% de la tributación de las donaciones a hijos para comprar la primera vivienda; y la exención del impuesto de sucesiones para las herencias familiares directas inferiores a 175.000 euros. Nada dijo Manuel Chaves de las deducciones fiscales de hasta 200 euros para los celíacos, como prometió en campaña.

Para combatir la crisis en el sector de la construcción principalmente, Chaves se comprometió a adjudicar en las próximas semanas suelo a las empresas para construir 8.000 viviendas protegidas. Además, ofrecerá a las empresas "que tengan suelo disponible su compra para destinarlo" a VPO "o bien la financiación del desarrollo de la urbanización del mismo, a cambio de que destinen una parte a la promoción de vivienda protegida". En junio se aprobará el plan de la vivienda, mientras que la ley que desarrollará el derecho al acceso a la vivienda se remitirá en otoño al Parlamento. Chaves reclamó el consenso de los partidos y de los alcaldes con el fin de que "la ley sea de todos" y el problema del acceso "a la vivienda digna pase a mejor vida".La cuarta pata sobre la que actuará el Gobierno andaluz para combatir la desaceleración será el mercado de trabajo, sobre todo, en el sector de la construcción. Chaves apenas si dio concreciones, pero según fuentes del Gobierno se trata de crear itinerarios de empleo a los afectados por el parón en la construcción.

Otra línea básica del discurso fue la oferta de pactos a la oposición, a los empresarios y a los ayuntamientos. El primero de los tres aplausos lo arrancó precisamente Chaves cuando propuso a la oposición un pacto sobre el agua para lograr "que quede al margen de la confrontación política", una propuesta que queda a expensas de la reacción que tenga hoy el líder del PP, Javier Arenas. El discurso que el popular hizo en Almería del transporte del agua de la desaladora de Carboneras a Barcelona hizo mucho daño electoral al PSOE. Chaves marcó los puntos de encuentro que pasa por disponer de 1.000 hectómetros cúbicos más -1.000 menos de lo que dijo en campaña electoral- o la inversión de 2.000 millones de euros para abastecimiento de las ciudades. Nada dijo de la ley de fiscalidad del agua, pendiente de la anterior legislatura.

La justicia fue el otro bloque en el que ofreció la mano tendida para mejorar este servicio público y crear un consejo de la justicia en Andalucía, uno de los aspectos al que el PP puso mayores reparos durante la reforma del Estatuto y en el que se abstuvo en el debate en el Congreso.

El candidato también se extendió en detallar los nuevos derechos sociales contemplados en el Estatuto. Habrá prioridad sobre el de la renta básica, la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años y el desarrollo de la ley de la Dependencia. Chaves aseguró que a partir de 2009 todos los andaluces tendrán derecho al acceso gratuito de Internet y que también en ese año habrá una beca de 6.000 euros anuales para combatir el abandono escolar.

Chaves detalló planes de casi todas las áreas del Gobierno -educación, infraestructuras, inmigración, lucha contra el cambio climático-, aunque hubo silencios clamorosos: en ningún momento aludió a la reforma de la Administración pública, uno de los asuntos que los expertos de la segunda modernización le marcaron en rojo en sus conclusiones.

En un plano muy secundario, como si fuera de otro mundo, quedaron las relaciones con el Gobierno central, un tema que ha dominado de manera casi exclusiva las tres últimas legislaturas. Y es que las relaciones normales no son noticia.