La prórroga de la presidenta "favorece" al Constitucional

La prórroga del mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional hasta la fecha de su renovación es legítima y puede "favorecer" el funcionamiento del propio tribunal, según la sentencia sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) hecha pública ayer por el organismo. La sentencia fue acordada por cinco magistrados de la mayoría progresista frente a tres del bloque conservador, tras una tortuosa tramitación que derivó en una guerra de recusaciones en el seno del alto tribunal.

El Constitucional señala que la prórroga del mandato de la presidenta no significa una "reelección" y, por tanto, no supone un desapoderamiento del Pleno del tribunal. Éste tiene facultad para "elegir", no para prorrogar, y en contra del recurso de inconstitucionalidad del PP, la norma no supone un nuevo mandato, sino una prórroga automática y temporalmente limitada. Además, el criterio adoptado ahora por el legislador para el mandato de María Emilia Casas es el mismo que se aplicó en los casos de Tomás y Valiente y Rodríguez Bereijo.

Candidatos del Senado

En cuanto a la impugnación por el PP de la norma que autoriza la elección de los cuatro magistrados del Senado entre los candidatos que propongan los Parlamentos autónomos, la sentencia explica que la Constitución guarda silencio sobre el procedimiento a seguir. Por eso, no existe impedimento para que ese procedimiento sea desarrollado y concretado en la remisión que hace la norma al Reglamento del Senado.

Asimismo, esa norma no debe interpretarse en el sentido de que se excluye "cualquier margen de maniobra por parte del Senado". Por el contrario, incluso la propia Cámara podría proponer candaditos a magistrados en el supuesto de que el sistema previsto "no culminase con la elección".

Los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas han formulado sendos votos discrepantes en los que consideran inconstitucional la prórroga de la presidenta porque vulnera el mandato tasado de tres años. Respecto a los nombramientos del Senado, entienden que la necesidad de elegir "entre" los candidatos de las comunidades autónomas supone un "evidente desapoderamiento de la Cámara".