Táboas espera que la nueva ley no sufra demoras

Igual que hizo con la ley de vivienda protegida, Teresa Táboas también acataría en esta ocasión la retirada del régimen de incompatibilidades a la promoción inmobiliaria, aunque descarta el criterio de Presidencia. Según fuentes de Vivenda, la prohibición no regula la función pública, sino la actividad inmobiliaria. Argumentan además que los artículos afectados cuentan con informes jurídicos y existen en otras comunidades autónomas.

Las mismas fuentes confiaron en que las objeciones de la Consellería de Presidencia no supongan una demora importante en el anteproyecto legislativo. "Se aprobará pronto", garantizó un portavoz del departamento que dirige Teresa Táboas.

Las discrepancias entre las consellerías de Presidencia y Vivenda se producen después de que ésta solventara sus diferencias con la Dirección Xeral de Urbanismo, que puso objeciones a la regulación que el anteproyecto de Lei de Vivenda hace de la concesión de licencias y de las situaciones de ruina. Según el departamento de la Consellería de Política Territorial, la regulación que preveía Vivenda sobre los permisos y las ruinas introduce confusión.

Otros cargos

Por lo demás, el período de alegaciones de la futura ley sirvió para que, a instancias de la Federación Galega de Municipios e Provincias, las incompatibilidades para alcaldes y concejales se hicieran extensivas al resto de cargos de las distintas administraciones. El anteproyecto establece en su artículo 16: "Los agentes promotores que accedan a un cargo representativo, o sean personal directivo en una Administración municipal, no podrán desempeñar actividades de promoción en el mencionado ayuntamiento durante el tiempo que dure su cargo o mandato".

El borrador de la norma considera el incumplimiento de esta obligación una infracción muy grave, que podrá ser sancionada con una multa que puede oscilar entre 60.001 euros y un millón de euros. Además, la empresa podrá ser inhabilitada para participar en promociones de viviendas protegidas de la comunidad durante seis años.

De acuerdo con

el proyecto de Vivenda, la Xunta podrá rehabilitar edificios y cargar los gastos a los propietarios, con el objetivo de que se cumpla la obligación de los dueños de inmuebles a conservarlos en condiciones de seguridad y salubridad.