El "no querer saber" de los patrocinadores

La Audiencia de Madrid dice que los ciclistas que se dopaban no han estafado a sus patrocinadores porque "no ha habido engaño bastante", requisito necesario en España para imputar ese delito. El tribunal rechaza, pues, el recurso de la Agrupación de Grupos Ciclistas Profesionales, que esgrimió que el dopaje masivo destapado en la Operación Puerto ha supuesto un fraude para los patrocinadores en el que los médicos implicados serían "colaboradores necesarios de la estafa". El tribunal deja entrever que los patrocinadores no han sido engañados porque ha sido notorio el goteo de casos de dopaje descubiertos en los últimos años.

El magistrado Arturo Beltrán, ponente de uno de los tres autos en los que se acuerda reabrir la Operación Puerto, explica así por qué no hay estafa: "Cuando es notorio que hace años que se habla de prácticas irregulares, cuando ha habido ciclistas muertos por consumo de drogas, descalificaciones y sanciones frecuentes [por dopaje]... Cuando es sabido que se han registrado caravanas y locales logísticos de los equipos en busca de sustancias estimulantes (...), afirmar la presencia de engaño bastante por parte de los ciclistas a quienes contratan con ellos es cerrar los ojos a la realidad". Según el tribunal, por parte de los patrocinadores, a los que se les supone "sustanciosos réditos al asociar a su marca o triunfo la gloria del deportista famoso, hay, como mínimo, una deliberada ignorancia, un no querer saber, incompatible con la idea de engaño bastante".

En Alemania sí existe, en cambio, la figura de estafa o fraude como la concibe la agrupación. Así, el alemán Jan Ullrich, que dejó el ciclismo tras verse implicado en la Operación Puerto, es investigado por fraude a su ex patrocinador, el T-Mobile.

El tribunal también sostiene para rechazar que haya estafa el hecho de que "ninguna marca publicitaria se ha personado en las diligencias".

Aunque no ve estafa, la Sección Quinta de la Audiencia ha ordenado al juez instructor que reabra las diligencias para "investigar si hubo riesgo para la salud de los ciclistas" que fueron tratados por los doctores Eufemiano Fuentes y José Luis Merino Batres. En la Operación Puerto no hay un delito de dopaje. De hecho, esta práctica se tipificó después de estallar el escándalo, según el tribunal. Lo que sí pudo existir es un delito contra la salud pública basado en la forma en que fueron conservadas las 200 bolsas de sangre halladas por la Guardia Civil en neveras en laboratorios de Fuentes y Batres. Explica el tribunal que de sus declaraciones y de las de su supuesto correo, el ex ciclista Alberto León, "nacen dudas suficientes sobre si las técnicas de almacenamiento, conservación, transporte y suministro de los derivados hemáticos fueron correctas".

Se pregunta la Audiencia si el material utilizado para esa conservación y transporte era el idóneo, y razona: "Puede pensarse en los más variados incidentes, desde un corte de energía eléctrica hasta un atasco de tráfico". A muchos ciclistas se les extraía sangre en hoteles y luego era llevada a los arcones, para congelarla, en taxis. Los jueces creen que hay que reabrir la Operación Puerto para que el Instituto de Toxicología aclare "una enigmática frase" en el informe que dio lugar a su archivo en marzo de 2007. Refiriéndose a las cantidades de EPO en nueve bolsas, se decía: "Probablemente, la administración [de EPO] a personas que no lo necesitaran no tendría efecto alguno. Podría tener mayor riesgo la administración del propio plasma".