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Dos alcaldes del BNG se enfrentan por el realojo de las tres familias gitanas

El Gobierno niega a Lores los antecedentes penales de los afectados por ser ilegal

El barrio pontevedrés de Monte Porreiro, que se ha puesto como ejemplo de convivencia entre payos y gitanos desde que en 1984 se habilitaron las primeras viviendas sociales, corre el peligro de convertirse en un polvorín al que en nada ayudan las actuaciones y declaraciones de los políticos locales.

El alcalde nacionalista, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció el jueves que pediría los antecedentes policiales de las tres familias de O Vao (Poio) realojadas en esta zona y ayer decidió cortarles el suministro de agua y pararles una obras en el interior del edificio, deshabitado desde 1986, "por carecer del pertinente permiso" como se le exige a "cualquier ciudadano".

El PSOE pontevedrés apoya el acoso a los nuevos residentes llegados de Poio

Esta estrategia de acoso contra los recién llegados, procedentes de un poblado demolido en el vecino municipio de Poio, es respaldada no sólo por los vecinos del barrio sino también por el grupo socialista. El PSOE de Pontevedra dice apoyar "todas las acciones para paralizar" el realojo pero sin perder de vista, subraya, "los derechos de las personas".

Unos y otros cargan las tintas contra el alcalde de Poio, Luciano Sobral, del BNG, como Lores. Le recriminan que haya realojado a las familias gitanas en Pontevedra, una actuación "unilateral" de la que el gobierno local pontevedrés dice que tuvo conocimiento "por los vecinos". El Ayuntamiento de Pontevedra tacha de "inaceptable" el comportamiento del regidor de Poio, a pesar de que ambos alcaldes militan en el BNG. Lores ha realizado un requerimiento al consistorio vecino para que "de inmediato cese el realojo" de estas personas amparándose en las distintas normativas que rigen la administración local y, según las cuales, señala el gobierno pontevedrés, Sobral se habría excedido en sus competencias al traspasar los límites municipales. Y matiza: "No estamos en contra de ningún colectivo".

Los socialistas, liderados por Teresa Casal, han manifestado su "perplejidad" por la actuación no sólo del gobierno poiense sino también de la Consellería de Vivenda y la Vicepresidencia de la Xunta, en manos del Bloque. El PSOE pontevedrés señala que, a pesar de que la operación de compraventa del inmueble, sito en la calle Alemania, se fraguó en el mes de diciembre gracias a la subvención de 670.000 euros de la consellería, el edificio todavía no se ha inscrito en el Registro de la Propiedad y no dispone de autorización para la conexión a los servicios públicos ni de la licencia de primera ocupación que garantiza su habitabilidad.

Por otra parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno señalaron ayer que el mismo día en que Lores solicitó la entrevista con Delfín Fernández, éste le advirtió de que no tenía intención de facilitarle los antecedentes penales de los realojados del poblado chabolista, porque, además de incorrecto, es "ilegal". La petición del alcalde de Pontevedra causó estupor en el equipo de Delfín Fernández que nunca antes había recibido tal solicitud. El Ayuntamiento prefirió ayer no comentar la posición de la Subdelegación y se limitó a reiterar su intención de reunirse con Fernández para tratar cuestiones de "seguridad" en una zona donde habitan, desde hace años, más de un centenar de gitanos.

La petición de Lores corre el riesgo de llegar a manos de la Fiscalía en forma de denuncia. El presidente de la Asociación Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, dice que si el alcalde no se retracta antes del lunes llevará el asunto al juzgado porque las declaraciones del político del BNG "pueden ser constitutivas de delito". El representante del colectivo calé le recuerda al regidor que la Ley de Protección de Datos ampara el derecho a la intimidad de las personas. Las palabras de Lores han caído como un jarro de agua fría entre la comunidad gitana, que tacha de "xenófoba" la actitud del nacionalista "por adjudicar el rol de delincuentes" a los realojados.

El derribo de las chabolas de O Vao comenzó el 27 de noviembre. Desde entonces, los desahuciados se han alojado con familiares o en hoteles costeados por el Ayuntamiento de Poio, un gasto que supera los 15.000 euros mensuales.

"Aquí se puede montar una batalla campal"

Lo primero que verá la familia de Antonio, que tiene dos hijas adolescentes, cuando se asome a las ventanas de su nueva casa en el 44 de la pontevedresa calle Alemania será una fachada repleta de carteles: "No a los gitanos de O Vao, no a la droga, fuera ya!", o "¡No queremos camorra, que se vayan ahora!". Hace ya un par de meses que perdieron en Poio su chabola por ilegal y, desde entonces, el estigma del poblado les persigue.

Los más cercanos aseguran que se dedican a la chatarra y a las ferias, pero el fantasma del tráfico de drogas sigue pesando demasiado. Tanto, que la repulsa vecinal ha corrido desde Ponte Caldelas a Poio, pasando por Marín y Pontevedra.

Ciudadanos a pie de calle, un centenar, que esta semana se concentraban con pancartas en la mano ante este edificio de Monte Porreiro. Ahora se declaran molestos y perseguidos pero "no se van a ir, cuentan con el respaldo de todo el pueblo gitano", sentencia Sinaí Giménez. Tanto es así que advierten: "Si alguien agrede a cualquiera de estas personas, que nadie dude de que en 10 minutos se juntan allí 500 gitanos", entre los que habitan O Vao y Monte Porreiro. Y añade: "Porque si es cuestión de fuerza que sepan que el que va a dar también va a recibir". González aconseja a los nuevos inquilinos que ante cualquier problema "llamen a la policía".

Y es que el ambiente en este barrio de Pontevedra "está muy caldeado". Los residentes, que en las últimas municipales dejaron de confiar en el BNG para apoyar al PP, no están dispuestos a aceptar la presencia de las tres familias de O Vao. Son muchos los que temen que la tensión desemboque en un enfrentamiento entre payos y gitanos. Ayer mismo, el vicepresidente de la asociación O M

irador, Mario Ángel Lago, puso voz a la amenaza latente: "Como quieran quedarse ahí, utilizaremos las formas que haga falta, la fuerza si es necesario". De momento, han convocado una asamblea el lunes para decidir las medidas a tomar en función de los pasos que adopte la Administración. Lago avanza que el Ayuntamiento está realizando gestiones con Fenosa "para cortarles la luz". Todo con tal de evitar que "metan la droga aquí, entre nuestros hijos", dice, señalando la proximidad de un instituto y del centro cultural del barrio.

Mientras la tensión crece y aumenta el riesgo de enfrentamiento racial, unos y otros se muestran dispuestos a defender sus posturas con fuerza. "Aquí se puede montar una batalla campal", aseguran.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de febrero de 2008

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