Garzón asfixia al entorno de ETA

Los periódicos llevaban tres meses anunciando la noticia, pero se produjo ayer. El juez Garzón suspendió por tres años, prorrogables a cinco, las actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), impidiendo de esa forma que esta última formación pueda concurrir a las elecciones generales del próximo 9 de marzo.

Y lo hizo con medidas incluso más contundentes que las adoptadas en 2002 al suspender las actividades de Batasuna: a las ya clásicas de clausura de las sedes, prohibición de convocar y participar en actos políticos o de cualquier tipo como partidos y congelación de las cuentas bancarias y el embargo de las subvenciones, Garzón añadió la de cortar el agua, la luz y el teléfono. Todo un indicio de la voluntad del magistrado de impedir a cualquier precio la reiteración delictiva y la utilización de esas siglas por parte de la organización terrorista ETA.

La medida es tan drástica que incluso deja sin contenido las medidas cautelares que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían solicitado en el proceso civil de ilegalización de ambas formaciones que ayer se desarrollaba paralelamente en el Tribunal Supremo. Así lo entendió la dirección de ANV, que ordenó su abogado, el ex senador de Herri Batasuna, Iñigo Iruin, que no compareciera a la vista.

Al mismo tiempo, Garzón acumuló en un único sumario los tres procesos que instruye sobre el entorno proetarra: el relativo a la detención de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, el de PCTV y el de ANV. El caso se ha convertido así en un nuevo macroproceso en el que hay 52 imputados, 38 de ellos por pertenencia o integración en banda terrorista y los 14 restantes, por colaboración con banda armada.

En el umbral de ETA

Las dos resoluciones sobre ANV y PCTV -de 264 y 259 folios, respectivamente- destacan que existen más que indicios para considerar que dirigentes de estos partidos han incurrido en delitos de colaboración con banda terrorista y asociación ilícita, malversación de caudales públicos o defraudación de subvenciones. El juez señala que en los tres últimos años las citadas formaciones se han convertido en un instrumento político de Batasuna, en un medio económico para nutrir a sus dirigentes y para cumplir los fines terroristas de ETA.

Garzón destaca que no criminaliza a la izquierda abertzale y señala que hay otras formaciones, como Aralar que no defienden la violencia. Sin embargo, estima que ANV y PCTV estaban en el umbral de convertirse en organizaciones terroristas y que si no lo han hecho, ha sido por el poco margen de tiempo de que han dispuesto y por la actuación de la policía y de los jueces que lo han impedido, especialmente con la detención en octubre de 2007 de 17 integrantes de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, en Segura (Guipúzcoa).

Los autos ponen de manifiesto el nuevo papel -equivalente al que tenía Ekin- que tras su ilegalización desarrolla Batasuna en el entorno etarra. La formación ilegalizada actúa como elemento dinamizador de las otras estructuras fagocitadas por ETA. Siguiendo el principio de la doble militancia, los dirigentes de Batasuna intervienen en otras estructuras a las que dirigen y supervisan. Así lo han hecho con varias organizaciones, entre ellas con PCTV y ANV, con la que además compartían una caja y gestión financiera común.

El juez precisa que a partir del 13 de junio de 2007, cuando ETA pone fin a la tregua, la colaboración con organización terrorista se convierte en uno de los fines estables de ANV y PCTV, por lo que sus dirigentes consumon el delito de asociación ilícita.

El juez anuncia que elevará suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto de las parlamentarias de PCTV Nekane Erauskin y Karmele Berasategi a las que presuntamente imputa la práctica descapitalización del PCTV y del Grupo Parlamentario que representan, al haber trasvasado hasta 768.000 euros en favor de Batasuna y sus dirigentes.

Garzón suspende las actividades de ANV y PCTV durante tres años